Blog del Estudio Manini y Asociados

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS EN EL PERÚ POR EL IMPUESTO A LA RENTA GENERADO POR LA VENTA DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES DE SUS HOLDINGS ESTABLECIDAS EN EL EXTERIOR

2011-10-04T09:36:00.001-05:00

Mediante la Ley 29757 se modificó el Impuesto a la Renta, disponiendo la aplicación de este tributo respecto de la venta indirecta de acciones o participaciones (acciones o participaciones de holdings constituidas en el exterior) de empresas establecidas en el Perú. La imposición tributaria sobre esta operación fue dispuesta originalmente por la Ley 29663, norma vigente a partir del 16 de febrero de 2011.

Para estos efectos, la Ley 29727 ha dispuesto que por enajenación indirecta se entiende la enajenación de acciones o participaciones del capital de una persona jurídica no domiciliada en el país (holding) que, a su vez, es propietaria - en forma directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas – de acciones o participaciones del capital de una o más personas jurídicas domiciliadas en el país, siempre que se produzcan de manera concurrente las siguientes condiciones:

a) En cualquiera de 12 meses anteriores a la enajenación, el valores de mercado de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país de las que la persona jurídica no domiciliada sea propietaria en forma directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas, equivalga al 50% o más del valor de mercado de todas las acciones o participaciones representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada.

b) En un periodo cualquiera de 12 meses, se enajenan acciones o participaciones que representen el 10% o más del capital de una persona jurídica no domiciliada.

Se ha dispuesto asimismo que la tasa del impuesto es del 30% aplicable sobre el resultado del valor de transferencia de las acciones o participaciones deducido el costo computable de éstas, el cual será acreditado con el documento emitido en el exterior de acuerdo con las disposiciones legales del país respectivo o por cualquier otro que disponga la administración tributaria.

En cuanto al sujeto obligado del pago del impuesto, asunto que origina el presente comentario, la Ley 29757 establece los supuestos en los cuales esta situación opera:

a) La persona jurídica domiciliada en el Perú cuyas acciones o participaciones se enajenan indirectamente es responsable solidario por el pago del impuesto cuando en cualquiera de los 12 meses anteriores a la enajenación el sujeto no domiciliado enajenante se encuentre vinculado directa o indirectamente a la empresa domiciliada a través de su participación en el control, la administración o el capital.

b) Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país cuando deban pagar la compra indirecta de las acciones o participaciones de personas jurídicas domiciliadas en Perú, adquiriendo éstas la calidad de agentes de retención y, por lo tanto, de deudores tributarios del impuesto. En este caso, no se configura la responsabilidad solidaria de la persona jurídica domiciliada en el Perú cuyas acciones o participaciones se enajenan indirectamente señalado en el literal anterior.

Conforme a lo indicado, en el caso que se configure la responsabilidad solidaria de la persona jurídica domiciliada en el Perú cuyas acciones o participaciones se enajenan indirectamente, ésta debe responder por el pago del Impuesto a la Renta ante la Administración Tributaria en el Perú (SUNAT).

Esta responsabilidad, la cual ya tenía como antecedente una disposición derogada del Impuesto a la Renta para el caso de la venta directa de las acciones o participaciones de la empresa establecida en el país por parte de sus accionistas o socios establecidos en el exterior, tiene como finalidad facilitar el cobro del impuesto por parte de la Administración Tributaria.

En virtud a ello, la empresa establecida en el país adquiere la condición de deudor tributario por la venta indirecta de sus acciones o participaciones, de tal manera que, lo más probable, la Administración Tributaria ejerza solamente acciones de cobranza contra ésta por el pago de la deuda.

Finalmente, cabe advertir que responsabilidad solidaria está sujeta al período de prescripción, esto es, la Administración Tributaria tiene un plazo para determinar y ejercer el cobro de la deuda tributaria a cargo de la empresa establecida en el país.

En efecto, los artículos 43 y 44 del Código Tributario señalan que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria y ejercer la acción para exigir su pago, para el caso de la responsabilidad solidaria mencionada, prescribe a los 4 años contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible.

Por ello, esta facultad fiscal mencionada prescribe a los 4 años contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se produjo la transferencia de las acciones o participaciones, salvo que el plazo prescriptorio, de manera general, quede interrumpido por el reconocimiento del deudor tributario de la deuda o la notificación de la Administración Tributaria de un acto relacionado con el citado adeudo; o, suspendido en el caso que el deudor interponga una reclamación u otro tipo de impugnación, de acuerdo con los supuestos previstos en el Código Tributario

Jaime Bisbal Vivanco

Estudio Manini & Asociados

Los Castaños Nº 335 San Isidro - Lima Perú

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HOW TO APPLY FOR A WORK VISA IN PERU?

2011-09-26T16:58:00.002-05:00

You will find below the general requirements for applying to a work visa in Peru:

There are 2 steps for applying to for a work visa in Peru. Step 1: Registration of the employment agreement at the Labor Ministry, and
Step 2: Change visa status at the Immigration Office.

These 2 steps could be completed with the candidate employee being here. This person shall enter to Peru with a temporary visa (as tourists) and here they will apply for changing his/her visa status at the Inmigration Office.

Step 1: Registration of the work agreement (requirements):

1) The applicant should first obtain a special permission for signing contracts in Peru.

2) There must be an employment agreement between the Peruvian company who hires and the employee. It is a special agreement (an "employment agreement for foreign"). The term of the employment agreement must be no more than 3 years.

3) The Peruvian company must file an application at the Labor Ministry, for obtaining of this authority the approval of the employment agreement for foreign. Together with the application the company shall attach the following documents:

· An affidavit stating that the company has foreign employees that represent no more than 20% of the total payroll. This affidavit has a special format that must be followed.

If the company will initially have more foreign employees than nationals (for example, in case of a new project or new company of a foreign investor) there is a special affidavit format for applying to an exemption of the permitted limited percentage (20%) of foreign employees in national companies.

· The employee`s professional diploma or degree certificate (University, College or other technical institute). If the certificate is not in Spanish it must be officially translated. After that, the certificate must be legalized by a Notary in Peru. In some cases it is difficult to obtain this document or even though there are cases were the employee has no professional education. Not only for this cases, but also for professionals, it is possible to present a work certificate were the last employer, holding company, or subsidiary states that the individual has vast experience for working in the position to be hired. This certificate must also be in Spanish, but it is easier to be obtained. This certificate must be also notarized.

4) A copy of the RUC certificate (taxation registration) of the company.

The Labor Ministry takes between one to two weeks to give their approval for this contract.

It is important to know also if the individual will come alone or with his or her family (this because after obtaining his or her work visa there is a special procedure for changing the temporary visa status of their family members).

After the employment agreement is approved by the Labor Ministry, the employee is not yet able to work until the Work Visa is also approved. He or she can only be included in the payroll after they have obtained the work visa (But if the employment agreement is approved it is almost defined that the visa would be approved too).

Step 2: Changing the Visa Status (from temporary to resident): Work Visa application.

1) The approved employment agreement must be presented to the migration office by filing an application form.

2) The application can be filed by a different person than the applicant using POA from the applicant (the POA must be notarized).

3) After filing the application at the Inmigration Office the applicant must obtain an special certificate from INTERPOL to see if there are any criminal precedents.

4) INTERPOL directly notifies to the Inmigration Office about the results.

5) After the work visa is approved the applicant should go to the Inmigration Office to take the corresponding picture and to pick up their Carnet de Extranjeria (Inmigration Card).

6) If there are any family members coming with the employee, each of these members must apply also to a resident visa as dependants of the employee.

Even though, the work visa gives the individual the status to live and work in Peru, the migration condition of the employee and family members shall be renewed each year.

After 2 years as a resident in Peru the applicant is able to change his or her visa status to a permanent resident which implies only not having to extend the work visa every year.

We do not recommend the employee to leave the country during the work visa application process.

Obtained the work visa the employee is able to leave the country temporary, this means no more than 180 days in one year. When leaving it is mandatory to present a Taxation Declaration at the airport migration control (there is an special format for this declaration).

If you have further questions on how to obtain a resident visa in Peru an its costs, do not doubt on contacting us.

Giuseppe Manini Carrasco

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Comentarios a la Ley de Consulta Previa

2011-09-23T11:51:00.005-05:00

Mediante Ley Nº 29785, el Presidente de la Republica promulgó la Ley del derecho de consulta previa que asiste a los pueblos indígenas u originarios. Esta norma ha sido sancionada por el Congreso de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, instrumento jurídico ratificado por el Perú que establece disposiciones concernientes a los pueblos indígenas y tribales.

A primera vista, podemos apreciar que se trata de un importante avance en el reconocimiento del derecho consuetudinario que presupone el modus vivendi de dichos pueblos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de un dispositivo legal tendiente a la consulta consensuada entre el Estado y los pueblos indígenas, situación que no debe entenderse como una potestad irrestricta de las poblaciones indígenas para impedir y suprimir la actividad de explotación de los recursos efectuada por una empresa que haya obtenido de manera regular su respectiva concesión minera ante la entidad competente.

Sobre el particular, el texto expreso del Convenio 169 establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Asimismo, prescribe que cuando el Estado es el propietario de los recursos minerales, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Por otro lado, la ley citada le otorga fuerza vinculante a los acuerdos que resulten del procedimiento de consulta tanto en sede administrativa cuanto en sede judicial.

En el caso peruano, de acuerdo a la Constitución, los recursos naturales son patrimonio de la Nación y su aprovechamiento es potestad soberana del Estado. En tal virtud, es importante que la ciudadanía pueda entender que dichos recursos no son de propiedad de los pueblos indígenas ni de los ciudadanos citadinos de manera privativa y/o excluyente. La propiedad de dichos recursos le asiste a la Nación peruana en su integridad, la cual le ha conferido al Estado. a través del poder constituyente, la potestad soberana de su administración.

Es por eso que la ley comentada ordena que, cuando no se haya logrado ningún acuerdo, la administración deberá adoptar las medidas adecuadas para cautelar los derechos reconocidos a las poblaciones indígenas. No obstante que dicha disposición resulta reiterativa pues ya la Constitución garantiza los derechos de todas las personas en general.

Lo importante es entender que el derecho de consulta regulado se agota cuando el Estado se sienta a conversar con las comunidades en un intercambio de ideas expuestas de buena fe. Si como consecuencia de dicha consulta se arriba a un acuerdo, este tendrá un efecto vinculante ante las entidades estatales; empero si no se logra ningún acuerdo, los pueblos indígenas no pueden de manera alguna censurar o impedir la decisión soberana del gobierno de turno de otorgar un derecho de concesión minera a un tercero. Esto es lo que se desprende del artículo 4 del Convenio que establece que “el goce sin discriminación de los derechos generales de la ciudanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de las medidas especiales que se habiliten para garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.

No obstante que cualquier ciudadano citadino puede ser sometido a expropiación de su propiedad luego de recibir como pago el justiprecio respectivo, sin que el Estado deba consultarle sobre su opinión respecto a la habilitación de una obra de interés general, como un tren subterráneo que solucione el caos del tráfico vehicular, por citar un ejemplo.

En consecuencia, los pueblos indígenas gozan de un derecho particular de ser consultados previamente y obtener un acuerdo con fuerza vinculante, lo cual no quiere decir que puedan válidamente impedir la concreción de un proyecto minero que beneficie a todo el país en general, ello siempre que se verifique la observancia de los derechos fundamentales de las personas que conforman los pueblos indígenas.

Es importante que el gobierno de turno cumpla con informar de manera pormenorizada a los pueblos interesados, a efectos de que no incurran en una mala interpretación de que tienen un derecho a imponerse sobre el principio de autoridad que le asiste al Estado o para impedir la administración soberana que éste hace de los recursos mineros de conformidad con la Constitución.

Jorge Mayta Campos
Estudio Manini & Asociados
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La evasión tributaria en la mira de Sunat

2011-09-23T11:44:00.000-05:00

Para nadie es un secreto que una mayor tributación es una herramienta fundamental para el desarrollo del país, no obstante en elPerú el 70% de la economía es informal –es decir no pagan ninguna clase de impuesto- y el restante sí aporta al fisco pero no al nivel que le corresponde por ley.

En su primera presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la República, Tania Quispe Mansilla, jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), reconoció que los grandes problemas a solucionar durante su gestión es combatir los altos niveles de evasión y elusión tributaria en el país. Y recuperar la buena imagen del recaudador mellada en los últimos años.

Según cifras del ente recaudador, la evasión en lo referido al Impuesto General a las Ventas (IGV), en la última década pasó de 49.1% (2001) a 34.7% (2010). Al analizar el último quinquenio bajo la administración aprista se aprecia que la evasión fue de 38.8% (2006) a 34.7% (2010), es decir una disminución de 4.1%. Mientras que en la administración toledista se aprecia una disminución de 6.8% (de 49.1% el 2001 a 42.3% el 2005). Además, el nivel de contrabando alcanzó el 1.8% de las importaciones totales de bienes (el 2009 representó 2.2%)

De acuerdo a cifras de Cepal y la Sunat, el Perú es uno de los países que tiene las tasas más altas de evasión en el IGV en la región. Mientras que en el Perú la evasión alcanzó 34.7%, en Chile yUruguay representa el 18%, en Argentina y México 20%, Colombia 22%, Ecuador 32%. Por encima del Perú se encuentra Venezuela donde la evasión alcanza 66%.

Pero no solo se evade el pago del IGV, también se busca la manera de no pagar el Impuesto a la Renta (IR). Sobre este último tributo, el especialista en temas tributarios Jorge Manini, estimó que aproximadamente la evasión alcanza el 47% de contribuyentes. Y de acuerdo a un estudio de la Cepal, la evasión en renta es de 53% en las personas jurídicas o empresas y de 33% en las personas naturales. Es decir, la evasión es más grande en las empresas.

ESTRUCTURA TRIBUTARIA
De acuerdo a la Sunat, el presente año la estructura de los ingresos tributarios del Perú se dividió de la siguiente manera: 50% (43% IGV y 7% ISC) corresponde a impuestos a la producción y consumo, el Impuesto a la Renta representa el 46% de los ingresos, los derechos de importación o aranceles 1% y otros tributos 3%. Es decir, los mayores ingresos del país vienen de impuestos indirectos como el IGV o ISC, tributos que todas las personas pagamos sin distinción del nivel de sus ingresos.

En este punto, el especialista Manini Chung, afirma que en una adecuada estructura tributaria, los impuestos directos como el IR son la principal fuente de recaudación de recursos del Estado y los impuestos indirectos (como el IGV o ISC) son la segunda fuente de ingresos, pero esto no sucede en el Perú.

“Tenemos una recaudación muy fuerte por IGV e ISC, el problema es que en ambos existe una alta evasión tributaria. Los que tributan en el Perú son unos pocos y hay una gran parte que no tributan y el Estado no hace nada por cobrarles”, advirtió.

PRESIÓN TRIBUTARIAEn su primera presentación pública Quispe Mansilla dijo que uno de los retos de su gestión y del actual gobierno es incrementar la presión tributaria de 15.3% en la que se encuentra ahora a 18% al finalizar el 2016. Para este fin, la superintendente apuesta por incrementar el número de acciones de fiscalización y cobranza que apuntan a obtener una mayor recaudación.

En total, el número de acciones de fiscalización y cobranza que efectúa la entidad recaudadora pasarán de 707.376 en el 2011 a 1 millón 150.725 en el 2012.

Para Manini la baja presión tributaria del país (15%) que se ha mantenido en los últimos 10 o 15 años es consecuencia de la alta evasión tributaria de ciertos sectores de la economía, pues, afirma, existen empresas que tienen capacidad contributiva pero no tributan.

Según cifras de la Sunat, la presión tributaria el año 2000 alcanzó 12.4% del PBI y al 2011 esta representa el 15.3%. Al analizar cómo se manejó la carga tributaria en la gestión aprista se aprecia que no hubo mayor interés en incrementarla pues el expresidente Alan García recibió al país con una presión de 15% y terminó su mandato en 15.3%; es decir apenas se incrementó 0.3 puntos porcentuales.

De concretarse la meta de la administración nacionalista de 18% de presión tributaria al finalizar su gestión, ésta será la más alta, sino de la historia al menos desde 1990 (en esta década la presión estuvo en promedio en 13%).

Diario La Pr1mera 23 de setiembre del 2011

Precio del cobre se desploma

2011-09-23T11:37:00.000-05:00

Mineros temen que recesión tumbe precios de metales y tributaristas afirman que afectará ingresos fiscales.
El cobre, principal producto de exportación peruano junto con el oro, terminó ayer con un fuerte retroceso y alcanzó su nivel más bajo en un año, ante la escalada de los temores económicos tras la noticia de una contracción de las manufacturas en China, combinada con el mal panorama en EEUU.
El metal rojo cayó un 5.24% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 3.53371 la libra contado ‘grado A’, marcando así un nuevo mínimo anual. El valor de ayer se compara con los US$ 3.72898 del miércoles y con los US$ 3.80904 del martes. Este nivel no se veía desde el 22 de septiembre de 2010, cuando el metal rojo se cotizó en US$ 3.49516.
Un factor que impulsó los retrocesos fue la noticia de que el sector manufacturero de China se contrajo por tercer mes seguido en septiembre.
En ese contexto, el ex presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, (SNMPE) José Miguel Morales, aseguró que China es un país insuficientemente fuerte para cubrir esa demanda.
“Los países industrializados ya no están comprando cobre porque tienen una situación económica complicada”, aseveró.
Ello podría revertirse si se resuelven los problemas fiscales de Grecia al igual que la economía norteamericana. Sin embargo, advirtió que de continuar esta situación, los efectos podrían verse en los próximos seis meses en el Perú.

AFECTARÁ RECAUDACIÓN
El tributarista Jorge Manini aseguró que ante una baja del precio del metal rojo las utilidades de las mineras se verían afectadas.
“Con menos utilidades se reduciría el pago del Impuesto a la Renta y se dejaría de pagar el nuevo gravamen minero que el gobierno estima en S/.3,000 millones”, agregó.
Estimó que este año las mineras podrían verse afectadas si los precios siguen a la baja, por lo cual las utilidades programadas y presupuestadas pueden reducirse al igual que el IR programado.
La presión tributaria es 15% del PBI donde el 2.5% es el IR proveniente de las mineras.
“La presión fiscal bajaría en promedio por efectos de la reducción de precios de los metales”, manifestó.

El oro pierde brillo junto con el crudo
El precio del oro terminó con un fuerte retroceso, marcando su mayor baja diaria en un mes, a pesar de la aversión al riesgo que dominó a los mercados bursátiles.
Los futuros de oro para diciembre en EEUU cayeron US$ 66.40, equivalente a una caída de 3.7%, cotizándose en US$ 1,741.70 la onza. El petróleo de Texas bajó 6.29 % y cerró a US$ 80.51 por barril, su caída más pronunciada desde el 8 de agosto.

SABÍA QUE...
El pleno del Congreso aprobó por mayoría las tres normas que establecen el nuevo marco legal del esquema tributario minero que pasa de gravar las ventas a las utilidades operativas y con lo que el Estado espera recaudar cerca de S/. 3,000 millones anuales.

Artículo Diario Expreso 23 de Setiembre del 2011

LAS OFICINAS FARMACEUTICAS A PROPOSITO DEL D.S N° 014-2011-SA QUE REGLAMENTA LA LEY 29459 LEY DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2011-09-23T11:13:00.001-05:00

Con fecha 27 de julio del presente año se publicó el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (D.S N° 014-2011-SA). El referido reglamento, conjuntamente con el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (D.S N° 016-2011-SA), pone en marcha la nueva regulación que para estos productos trajo consigo la Ley N° 29459, Ley Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (en adelante la Ley); la cual dicho sea de paso fue promulgada a finales del año 2009.

En las siguientes líneas y a manera muy general quiero comentar acerca de las Oficinas Farmacéuticas y los requisitos que exige la nueva reglamentación para su funcionamiento, poniendo mayor atención en la dispensación y expendio de los Productos Farmacéuticos.

Una Oficina Farmacéutica, es el Establecimiento Farmacéutico bajo la responsabilidad o administración de un profesional Químico Farmacéutico, en donde se dispensan y expenden al consumidor final productos farmacéuticos, dispositivos médicos (a excepción de equipos biomédicos o de tecnología controlada) y productos sanitarios. La diferencia entre Establecimiento Farmacéutico y Oficina Farmacéutica, es simplemente una de género-especie respectivamente.

Las Oficinas Farmacéuticas son entonces lo que conocemos como Farmacias o Boticas. Ahora bien, cabe la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre una Farmacia y una Botica? De acuerdo a la norma, para que el establecimiento se denomine Farmacia tiene que ser propiedad de un profesional Químico Farmacéutico, siendo que las Boticas pueden ser propiedad de cualquier persona.

Dentro de las Oficinas Farmacéuticas encontramos una sub clasificación que es la Oficina Farmacéutica especializada, se entiende por estas al establecimiento farmacéutico que elabora preparados farmacéuticos tales como homeopáticos, herbarios, cosméticos, dermatológicos u otra.

A continuación les mostramos un cuadro con los requisitos indispensables y la referencia a los artículos más importantes del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (D.S 014-2011-SA), para poder ser una Oficina Farmacéutica y por ende estar en la posibilidad de comercializar al consumidor final Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos (salvo la excepción) y Productos Sanitarios:

Como lo mencionamos anteriormente, en el presente ensayo pondremos mayor énfasis en la dispensación y expendio al consumidor final de Productos Farmacéuticos, más que de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por lo tanto, es importante definir qué se entiende por Producto Farmacéutico.

De acuerdo a la nueva regulación, los Productos Farmacéuticos son aquellos preparados de composición conocida y envasado uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, diagnostico, tratamiento y curación de una enfermedad o conservación, recuperación, mantenimiento y rehabilitación de la salud. Asimismo, la Ley N° 29459, clasifica como Productos Farmacéuticos a los medicamentos propiamente dichos, a los medicamentos herbarios, a los productos biológicos, a los productos galénicos y a los productos dietéticos y edulcorantes.

Todos estos Productos Farmacéuticos requieren un Registro Sanitario, otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que a su vez determina la condición de venta de los mismos, es decir: 1) con receta médica especial numerad de venta en farmacias o boticas, 2) con receta médica solo dispensados en farmacias y boticas, 3) sin receta médica en farmacias y boticas o 4) sin receta médica en establecimientos comerciales.

Siendo mucho más amplia la clasificación de Productos Farmacéuticos y abarcando también a los medicamentos herbarios, es importante mencionar una excepción al registro sanitario. De acuerdo a la Ley, las plantas medicinales de uso tradicional y otros recursos de origen natural que se ofrezcan sin referencias terapéuticas, diagnosticas o preventivas pueden comercializarse sin registro sanitario.

Es importante precisar que DIGEMID ejercerá en adelante una fiscalización mucho más activa a los establecimientos farmacéuticos y de no cumplirse con los requisitos antes mencionados se impondrán sanciones severas.

Finalmente y como lo mencionamos también en líneas anteriores hay ciertos productos farmacéuticos que pueden ser dispensados en Establecimientos Comerciales (no farmacéuticos) siempre que se trate de productos de muy bajo riesgo sanitario, lo cual es determinado a discreción de DIGEMID. Sobre este punto es importante señalar que la lista de Productos Farmacéuticos considerados de muy bajo riesgo sanitario y por ende permitidos de ser vendidos en establecimientos comerciales, se encuentra en la siguiente dirección web: http://www.digemid.minsa.gob.pe/normatividad/RD34599.HTM. Los establecimientos comerciales que comercialicen este tipo de Productos Farmacéuticos si bien no requieren autorización sanitaria de DIGEMID para su venta, serán arduamente fiscalizados por la referida autoridad.

GIUSEPPE MANINI CARRASCO
giuseppe@estudiomanini.com
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ERRORES DE DIGITACIÓN EN LAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS

2011-09-20T12:06:00.005-05:00

El día de hoy, manejando camino a la oficina, escuché parte de una entrevista radial que me dejó realmente pensando. Sin prestar mucha atención, me percaté que se estaba tocando el tema de los errores en la digitación de las normas legales; en particular se referían a un tema de multas, es decir, si bien el legislador había establecido que la multa por X infracción seria de X UIT, la norma publicada establecía que la multa era de X MIL UIT, lo cual en la práctica era irracional.

Me acordé inmediatamente que hace unas semanas estuve revisando a fondo el D.S N° 016-2011-SA, Reglamento que Regula el Registro Control y Vigilancia de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Este Reglamento ha traído muchas controversias en cuanto a su contenido, ya que es entre otros, la pieza que pone en marcha el cambio en la regulación de los productos antes mencionados y cuyo objetivo es reglamentar el paso acelerado que toma el Perú para pasar a ser un país de alta vigilancia sanitaria.

Sin embargo, además de los vacíos y “enredos” que encontramos en el referido Reglamento, lo cual me tomaría un análisis mucho más profundo para poder explicarlo, también me he percatado que hay en el mismo un error grave de digitación en su índice. Si ustedes ven el índice del referido Reglamento el mismo no guarda concordancia con el contenido del mismo. En el índice de dicho Reglamento, el Titulo II (del Registro Sanitario), hace referencia solo a un capitulo cuando en realidad hay cinco. Por otro lado, el mismo índice, cuando se refiere al Título III (de los Productos Farmacéuticos), empieza con el Capítulo III (de los medicamentos herbarios), omitiendo los subcapítulos de este, y los Capítulos anteriores, es decir, el Capitulo I (aspectos generales) y el Capitulo II (de los medicamentos); y así continúa el índice de manera poco acertada en cuanto al verdadero contenido del Reglamento. Me queda ya la duda si vario de los vacios que encuentro en el mismo reglamento se deben a un error de digitación.

Es importante indicar, que para el caso que hago referencia, los errores de digitación no los encontramos en la pre publicación del proyecto de Reglamento. Cabe señalar asimismo, que los Reglamentos de la nueva Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se han publicado recién casi 2 años después de su promulgación y justo un día antes del cambio de gobierno, cuando debió ser a los 180 días de la publicación de la Ley (esperemos no pase lo mismo con las Directivas que a su vez precisaran los Reglamentos que aun dejan por definir algunos aspectos).

Tengamos en cuenta que la tendencia hoy en día (me imagino que por un tema ecológico y más eficiente) es no publicar este tipo de normas reglamentarias en “El Peruano”, sino mas bien hacer referencia a su promulgación en el diario oficial y derivarte a la página web del estado Peruano y del sector correspondiente para acceder a su contenido, por lo tanto, la sorpresa me la lleve cuando precisamente accedí a la página web del Ministerio de Salud (ya que nunca encontré la referida norma en el portal del estado Peruano).

Por lo expuesto, dejo abiertas las siguientes preguntas: ¿Debemos pasar por alto este tipo de errores? ¿Quiénes son los responsables de estos errores de digitación y a que se debe? ¿los errores de digitación quitan seriedad al aparato legislativo?¿crean incertidumbre o más bien complican las normas para las personas? Y finalmente, ¿se están promulgando las normas “entre gallos y media noche”? …….

Giuseppe Manini Carrasco

Estudio Manini & Asociados

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Imagen tomada de internet

TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN

2011-09-19T10:27:00.000-05:00

Aquí un breve ensayo del Dr. Jaime Bisbal Vivanco sobre el impuesto a la renta en los asociaciones en participacion.

Cualquier consulta podrán efectuarlo directamente al Dr. Bisbal a la siguiente informacion de contacto:

Jaime Bisbal Vivanco

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1. Impuesto a la Renta

Sobre el particular, debemos indicar que conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el artículo 16 de la Ley, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas.

El referido artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta en su inciso k) agrega que, para estos efectos, se consideran personas jurídicas, entre otras, a las sociedades irregulares previstas en el artículo 423 de la Ley General de Sociedades; la comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes.

Se dispone asimismo que en el caso de las sociedades irregulares previstas en el artículo 423 de la Ley General de Sociedades, excepto aquellas que adquieren tal condición por incurrir en las causales previstas en los numerales 5 y 6 de dicho artículo; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, las rentas serán atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o que sean partes contratantes.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423 de la Ley General de Sociedades; comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial, perceptores de rentas de tercera categoría, deberán llevar contabilidad independiente de las de sus socios o partes contratantes[1].

Ahora bien, como podrá apreciarse el texto vigente del artículo 14 (inciso k) y del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, no hace mención a las Asociaciones en Participación, generando entonces una distinción entre éstos y los joint ventures, consorcios y otros contratos de colaboración empresarial.

En efecto, respecto del texto original de los artículos 14 y 65 de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Legislativo 774, estas normas comprendían inicialmente a las Asociaciones en Participación como persona jurídica contribuyente del Impuesto a la Renta, la cual debía llevar contabilidad diferente a las de sus partes contratantes.

No obstante, dichas normas fueron modificadas a partir del ejercicio 1999 por la Ley 27034[2], la cual incorporó el inciso k) al artículo 14 y modificó el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, eliminando la referencia a las Asociaciones en Participación.

Esta modificación legal tiene su sustento en que es el Asociante quien lleva a cabo, bajo su nombre y responsabilidad ante terceros, los negocios que dan origen al contrato de Asociación en Participación, por lo que dichas operaciones deben registrarse en su contabilidad, careciendo de sentido entonces establecer para este contrato la obligación de llevar contabilidad independiente a la de sus partes, como ocurre en el caso del joint ventures o consorcio que por su naturaleza y operatividad si les resulta razonable aplicable tal obligación.

En cuanto la forma vigente para determinar la obligación tributaria del Impuesto a la Renta correspondiente a las Asociaciones en Participación, el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia Nº 42-2000-SUNAT, norma vigente a partir del ejercicio 1999 y dictada con ocasión del cambio de sistema tributario aplicable a estos contratos[3], dispuso que la determinación de los resultados tributarios (renta neta anual) se establece deduciendo el Asociante de la renta de tercera categoría, como costo o gasto, la participación del Asociado, debiendo éste último declarar y pagar el impuesto respecto de dicha participación en el negocio.

En ese orden de ideas, corresponde al Asociante registrar en su contabilidad los ingresos totales y todos los gastos correspondientes al negocio, siendo que para determinar las utilidades del ejercicio deberá deducir la participación del Asociado, quedando el remanente gravado bajo su cargo conjuntamente con los resultados de sus demás actividades de tercera categoría.

En el caso del Asociado, su participación constituye renta de la tercera categoría, debiendo ser declarado como ingreso en el ejercicio en que su participación es determinada y deducida por el Asociante, aún cuando no hubiese sido pagada en dicho periodo anual.

Respecto a la determinación de la obligación tributaria del Impuesto a la Renta correspondiente a las Asociaciones en Participación, el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia Nº 42-2000-SUNAT, norma vigente a partir del ejercicio 1999 y dictada con ocasión del cambio de sistema tributario aplicable a estos contratos[4], dispuso que la determinación de los resultados tributarios (renta neta anual) se establece deduciendo el Asociante de la renta de tercera categoría, como costo o gasto, la participación del Asociado, debiendo éste último declarar y pagar el impuesto respecto de dicha participación en el negocio.

Corresponde entonces al Asociante registrar en su contabilidad los ingresos totales y todos los gastos correspondientes al negocio, siendo que para determinar las utilidades del ejercicio deberá deducir la participación del Asociado, quedando el remanente gravado bajo su cargo conjuntamente con los resultados de sus demás actividades de tercera categoría.

En cuanto al Asociado, su participación constituye renta de la tercera categoría, debiendo ser declarado como ingreso en el ejercicio en que su participación es determinada y deducida por el Asociante, aún cuando no hubiese sido pagada en dicho periodo anual.

Conforme a la citada legislación, para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta Anual, nuestra empresa en su calidad de Asociante en los contratos de Asociación de Colaboración suscritos con otras empresas, procedió a deducir como gasto la participación de sus Asociado, en virtud a lo establecido en el Art. 6 de la Resolución de Superintendencia Nº 042-2000, pagando el impuesto respecto de la renta neta que le cabe de acuerdo a la participación prevista en los contratos respectivos, distribuyendo a las otras empresas la participación que les correspondía.

Ahora bien, debemos anotar que la SUNAT, en virtud a las resoluciones del Tribunal Fiscal Nºs. 00732-5-2002 y 007527-3-2010, jurisprudencia que formula una errónea interpretación del Reglamento de Comprobantes de Pago, condiciona la validez de la deducción de la participación del asociado en los resultados del negocio a que éste emita un comprobante de pago.

Esa premisa es incorrecta, pues la Resolución de Superintendencia Nº 42-2000-SUNAT no dispone que deba girarse dicho documento para estos efectos.

Debemos precisar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento de Comprobantes de Pago, este documento acredita “la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios”.

Insistimos en que la atribución de resultados no responde a ninguna de estas tres situaciones, por lo que no cabe emitir el documento comprobante de pago a que se refiere el Reglamento de Comprobantes de Pago para que el asociante deduzca en la determinación del Impuesto a la Renta la participación del asociado.

Esta inexactitud de la SUNAT implicaría entonces que la atribución de resultados es en realidad el pago por una operación de prestación de servicios o venta de bienes, lo cual no es cierto.

Por otro lado, la SUNAT hace referencia al inciso b) del numeral 1.1 del artículo 6 del Reglamento de Comprobantes de Pago.

Sobre el particular, debemos señalar que esta norma dispone que están obligados a emitir comprobantes de pago las personas naturales o jurídicas, entre otros, que realicen transferencia a título gratuito u oneroso:

b) derivadas de actos y/o contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufruto, arrendamiento financiero, asociación en participación, comodato y en general todas aquellas operaciones en que el transferente otorgue derecho a usar el bien.

Nótese que, de acuerdo con dicha norma, cuando se produzca una transferencia de bienes con ocasión de un contrato de asociación en participación, la parte que lo realiza debe emitir el comprobante de pago respectivo.

En el caso materia de comentario, la única transferencia realizada, y no en propiedad, como consecuencia del contrato de asociación en participación corresponde a los bienes (pudiendo ser también servicios) entregados por el asociado para ser utilizados como contribución en la explotación del negocio en conjunto.

Esto no implica que la suma atribuida al asociado corresponde al pago por la cesión en uso o arrendamiento de bienes, pues la referida suma es la atribución de los resultados por la participación del asociado en el negocio.

Si bien podría señalarse que la entrega de dichos bienes debió dar lugar a la emisión de un comprobante de pago por su cesión en uso (motivo que si corresponde a uno de los supuestos previsto para la emisión de tales documentos), esto no convierte a la atribución de los resultados en el pago de la mencionada cesión.

Finalmente, en cuanto al tratamiento del Impuesto a la Renta y respecto a los pagos a cuenta, la legislación vigente a partir del ejercicio 1999 aplicable a las Asociaciones en Participación omitió establecer un mecanismo adecuado que se ajuste a las características de este contrato.

Por consiguiente, los pagos a cuenta por los ingresos del negocio deberán ser efectuados por el Asociante respecto de la integridad de las rentas devengadas en el mes (ingresos menos devoluciones, descuentos, etc.), exceptuando al Asociado con ello del cumplimiento de esta obligación.

2. Impuesto General a las Ventas

En relación con el Impuesto General a las Ventas, debemos indicar que de acuerdo con el numeral 9.3 del artículo 3 de la Ley del IGV son contribuyentes del impuesto la comunidad de bienes, los consorcios, joint ventures u otras formas de colaboración empresarial, cuando lleven contabilidad independiente.

Caso contrario, de no llevar contabilidad independiente a la de sus partes contratantes y a falta de reglamentación de la Ley del IGV, resulta aplicable el artículo 65 de la LIR al que nos hemos referido en el punto 2.1 del presente informe.

Por su parte, el numeral 3 del artículo 4 del Reglamento de la Ley del IGV señala que se entiende por contratos de colaboración empresarial a los contratos de carácter asociativo celebrados entre dos o más empresas, en los que las prestaciones de las partes son destinadas a la realización de un negocio o actividad empresarial común, excluyéndose expresamente a la Asociación en Participación y similares de esta clasificación (contrato de colaboración empresarial).

Al igual que en el caso de la Ley del Impuesto a la Renta, esta excepción estriba en que en la Asociación en Participación, el Asociante es quien lleva a cabo el negocio y contrae y responde directamente por las obligaciones frente a terceros, por lo que su carácter de generador de rentas de la tercera categoría del Impuesto a la Renta (actividad empresarial) sitúa también al Asociante como contribuyente del IGV, haciéndose cargo éste del cumplimiento de las obligaciones del tributo que se generen por el desarrollo del negocio en común.

Asimismo, como consecuencia de la exclusión de las Asociaciones en Participación del concepto de contrato de colaboración empresarial referida en los párrafos precedentes, sumado al hecho que por su naturaleza estos contratos no pueden constituirse como entes distintos a sus partes contratantes, como ocurre en el joint ventures o consorcio, no le es aplicable la desgravación del impuesto prevista en los incisos m), n) y o) del artículo 2 de la Ley del IGV.

En efecto, conforme el artículo 2 de la Ley del IGV, no están gravadas, entre otras, las siguientes operaciones:

m) La adjudicación a título exclusivo a cada parte contratante, de bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, en base a la proporción contractual, siempre que cumplan con entregar a la SUNAT la información que, para tal efecto, ésta establezca.

n) La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para la ejecución del negocio u obra en común, derivada de una obligación expresa en el contrato, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca la SUNAT.

o) La atribución, que realice el operador de aquellos contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de construcción adquiridos para la ejecución del negocio u obra en común, objeto del contrato, en la proporción que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

En ese sentido, como ya indicamos, al estar excluidas las Asociaciones en Participación del concepto de contrato de colaboración empresarial y, por ende, de las referidas desgravaciones, de llevar a cabo dichas operaciones estarán las partes contratantes gravadas con el IGV

Jaime Bisbal Vivanco

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[1] Esta norma también establece que tratándose de contratos en los que por la modalidad de la operación no fuera posible llevar la contabilidad en forma independiente, cada parte contratante podrá contabilizar sus operaciones, o de ser el caso, una de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo en ambos casos, solicitar autorización a la SUNAT, quien la aprobará o denegará en un plazo no mayor a quince días. Tratándose de contratos con vencimiento a plazos menores a 3 años, cada parte contratante podrá contabilizar sus operaciones o, de ser el caso, una de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo a tal efecto, comunicarlo a la SUNAT dentro de los 5 días siguientes a la fecha de celebración del contrato

[2] Cabe indicar que incluso mediante la Res. de Sup. Nº 42-2000/SUNAT, bajo las nuevas disposiciones legales, se dispuso que de conformidad con lo establecido en el inciso i) del Artículo 9o de la Resolución de Superintendencia Nº 61-97/SUNAT, las Asociaciones en Participación que al haberse considerado sujetos del Impuesto a la Renta o haber llevado contabilidad independiente a la de sus partes contratantes hubieran solicitado su inscripción en el RUC, debían solicitar su baja de dicho registro.

[3] A partir del cambio establecido por la Ley 27034, las Asociaciones en Participación ya no tuvieron la condición de contribuyentes del Impuesto a la Renta, recayendo la referida obligación tributaria en sus partes contratantes, particularmente en el Asociante.

[4] A partir del cambio establecido por la Ley 27034, las Asociaciones en Participación ya no tuvieron la condición de contribuyentes del Impuesto a la Renta, recayendo la referida obligación tributaria en sus partes contratantes, particularmente en el Asociante.

Hacia una reforma tributaria mas justa

2011-09-19T10:08:00.001-05:00

El presente articulo fue publicado en el Diario La Primera el sábado 20 de agosto del 2011, a propósito de la reforma tributaria planteada por Jorge Manini Chung.

Hacia una reforma tributaria mas justa

El incremento del IGV al 19% que se propone, afectaría a las clases mas necesitadas del Perú, afirma el abogado tributarista Jorge Manini

2011-09-16T18:34:00.000-05:00

Se ha propuesto incrementar el 1% el IGV (entiéndase 1 punto más de la tasa del impuesto) para destinarlo a gastos de seguridad ciudadana.

Esta propuesta implicaría que los más pobres, o sea los sectores de menores recursos sean los que asuman la mayor carga económica del incremento impositivo, dado que al ser un tributo indirecto, que grava al consumo y ser de carácter regresivo, tienen que destinar proporcionalmente una mayor parte de sus escasos recursos para cubrir el incremento del propuesto. Por su parte, para los sectores de mayores ingresos, ese incremento significaría un porcentaje mínimo de sus ingresos.

Al momento de solicitarse este tipo de incrementos debe tenerse presente que la evasión del IGV es del orden del 35%, en tanto que en el del Impuesto a la Renta (IR), que es el tributo que por antonomasia debe cubrir los gastos sociales al ser redistributivo, la evasión alcanza el orden de 48% aproximadamente.

Aún más, debe tenerse presente que de la recaudación por tributos el IGV representa el 53% y el Impuesto a la Renta sólo el 37%, cuando debería al revés.

Con un nuevo Gobierno, que recién inicia sus funciones, se podrían dar medidas concretas que ayuden a incrementar de manera real la participación del IR en la recaudación tributaria, dado que existen una serie de bolsones o sectores de incumplimiento, que teniendo capacidad de pago no lo están haciendo de manera integral, especialmente en el IR.

Jorge Manini Chung
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Imagen tomada: larepublica.pe

LA RELEVANCIA DEL VALOR DEL BIEN MUEBLE OBJETO DE HURTO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL ARTÍCULO 186º DEL CÓDIGO PENAL, A PROPÓSITO DEL VII PLENO JURISDICCIONAL PENAL

2011-09-15T08:00:00.006-05:00

Teniendo en cuenta la realización del VII Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual ha convocado a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se detectan actualmente en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar las normas penales, procesales y de ejecución penal.

Consideramos de gran importancia ésta iniciativa, pues estando en la Segunda Fase de la primera Etapa en la cual se han publicado ya los temas materia de debate en el Foro del VII Pleno Jurisdiccional Penal, se ha tomado en cuenta un tema de marcada controversia que actualmente viene generando gran confusión en nuestros tribunales, nos referimos a “La relevancia del valor del bien mueble objeto de hurto para la configuración de las circunstancias agravantes del artículo 186º del Código Penal”; tema en particular por el cual queremos manifestar algunas reflexiones, lo cual seguramente contribuirá a entender y dar algunas muestras de lo que se discutirá.

Pretendemos señalar como base, la postura unánime de la doctrina al considerar que en los tipos penales agravados, primeramente deben ser analizados los tipos básicos y luego su agravante; de éste modo, consideramos que atendiendo a las circunstancias de cada caso, debe reflexionarse si constituye una Falta o se trata verdaderamente de un Delito, pues recordemos que la Falta contenida en al Artículo 444º del Código Penal (Faltas contra el Patrimonio) es configurada cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase la Remuneración Mínima Vital. Pues, si bien es cierto, gran parte de la doctrina ha señalado que la pluriofensividad de la acción, la disminución de defensas por parte de la víctima, así como los criterios de peligrosidad, deben ser constitutiva del Hurto Agravado, no es menos cierto que aquellos que han señalado esta hipótesis, han tenido como base la idea de la posible afectación en la víctima, la cual oportunamente esperemos que se tenga en cuenta en el Pleno Jurisdiccional Penal a realizarse.

Así pues, nuestra postura está a favor de las limitaciones a la calificación del Hurto y consecuentemente del Hurto Agravado en base al valor del bien sobre el que recae la acción. Partimos así, señalando lo estipulado por el Artículo 136º del Código Penal que sanciona el tipo penal del Hurto Agravado, el cual establece que "El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, si el hurto es cometido (…) (Pasando al análisis de las agravantes)"; es decir, tal norma nos remite al tipo básico de ésta figura cualificada.

Siendo así, el tipo básico está regulado en el Artículo 185º del mismo Código Penal, el que necesariamente debe concordarse con el Artículo 444º del mismo cuerpo de normas; ello en base al Principio de Legalidad que rige todo proceso. Esto es, que se trate del apoderamiento ilegitimo de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, cuyo valor sobrepase una Remuneración Mínima Vital sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, con la finalidad de obtener provecho del mismo.

Es pues, un requisito fundamental realizar tal análisis para que luego de desechar la perpetración de una falta contra el patrimonio, si el quantum del valor del bien sustraído supera una Remuneración Mínima Vital, recién se procederá al análisis de las causales de agravación previstas en el Artículo 186º del Código Penal; y si esto es así, necesariamente en los hurtos agravados, resulta imprescindible considerar el valor del bien sustraído.

Esta interpretación es pues como ya se ha señalado, una concreción del Principio de Legalidad, puesto que la cuantía se encuentra reconocida y constituye parámetro para delimitar las Faltas contra el patrimonio respecto del Hurto Simple y; el Hurto Agravado para ser concebido como tal, debe cumplir con las exigencias reguladas normativamente en la figura básica de Hurto.

Nuestro análisis se basa en la naturaleza jurídica normativa del Hurto Agravado en el diseño peruano, pues no ofrece una autonomía en relación al tipo básico. Por ello es de suma importancia tomar en cuenta que la circunstancia agravante es un plus descriptivo normativo que se incorpora al plexo típico matriz del Hurto Simple, en torno al cual gira y de cuyos componentes requiere para su consumación y, no es pues esta una interpretación errada o desvirtuada del derecho, pues es atendida en diversa jurisprudencia, doctrina y de forma anticipada el Primer Pleno Fiscal en el Distrito Judicial de Puno con la intención de tomar acuerdos con el firme propósito de unificar criterios sobre la actuación que debe tener el Fiscal en esta clase de hechos, ha amparado tal reflexión.

Siendo así, esperamos que lo dicho nos haga reflexionar sobre el tema y nos ayude a entender la problemática existente, pues las circunstancias en las que se encuentra nuestro país en relación a la seguridad ciudadana debe ser un plus para un exhaustivo análisis de la problemática señalada.

Angel Quispe Ycochea

Integrante del Área Procesal del

Estudio Manini & Asociados

Ilustración: Tomado Internet

Limitación a la deducción tributaria de los gastos de atención a clientes incurridos por las empresas dedicadas a las explotación de Salas de Casino y Máquinas Tragamonedas

2011-09-13T13:01:00.000-05:00

Como parte de sus facultades, la Administración Tributaria viene llevando a cabo procedimientos de fiscalización respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de cargo de las empresas dedicadas a la explotación de salas de casino y máquinas tragamonedas.

Es así que, dentro de dichos procedimientos de fiscalización, la Administración Tributaria está acotando la deducción de los gastos de atención a los clientes respecto de la determinación del Impuesto a la Renta.

La Administración Tributaria sostiene que los gastos de atención a clientes (bocaditos, cigarrillos y bebidas alcohólicas), han sido deducidos excediendo el monto permitido por la Tercera Disposición Final de la R.S. Nº 014-2003/SUNAT.

Al respecto, debemos indicar la Décima Disposición Transitoria de la Ley Nº 27796, norma que modifica la Ley N° 27153 que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas establece: “Para efectos del Impuesto a la Renta la SUNAT determinará el porcentaje máximo de deducción en que incurra el operador de los juegos de casino y máquinas tragamonedas en los gastos de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas, que de manera gratuita entregue a los clientes”.

Como consecuencia de ello, la Administración Tributaria, a través de la Tercera Disposición Final de la R.S. Nº 014-2003 estableció que para efectos de lo dispuesto en Décima Disposición Transitoria de la Ley Nº 27796, a fin de determinar la renta neta de la tercera categoría (renta empresarial) del Impuesto a la Renta, resulta deducible los gastos de de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas que se entreguen a los clientes en las salas de juego, en la parte que, en conjunto, no excedan el 0.5% de los ingresos brutos de la renta de tercera categoría, con un límite máximo de 40 UIT.

Como podrá observarse, la delegación efectuada por la Décima Disposición Transitoria de la Ley Nº 27796 resulta ilegal e inconstitucional, pues de acuerdo con lo dispuesto por la Norma IV del Código Tributario y el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, sólo por Ley o por Decreto Legislativo se puede, entre otros aspectos, crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción

Asimismo, siendo la Administración Tributaria el órgano recaudador – fiscalizador de los tributos del Gobierno Central y órgano resolutor en primera instancia administrativa en el procedimiento contencioso tributario, entidad que además sólo puede expedir normas de carácter administrativo (entiéndase capacidad reglamentaria de acuerdo a su competencia y sin exceder lo previsto por la ley y reglamentos de superior jerarquía), no es el ente que puede limitar un gasto operativo para determinados contribuyentes como es el de atención a los clientes.

De otro lado, debe señalarse que la Tercera Disposición Final de la R.S. Nº 014-2003, en forma contradictoria y sólo para efectos de la actividad de la explotación de salas de juego, ha vulnerado el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, norma que permite deducir todos aquéllos gastos que estén vinculados con la generación de la renta gravada o con el mantenimiento de su fuente, esto es, la resolución de la Administración Tributaria ha dispuesto que, en forma ilegal, los gastos de atención a clientes no constituyen gastos operativos de las empresas dedicadas a esta actividad y prácticamente anula la posibilidad de deducir los mismos (0.5% de los ingresos brutos hasta un máximo de 40 UITs.) a efectos de establecer la renta neta afecta al impuesto.

Por ello, transgrediendo el sentido y orden técnico de la Ley del Impuesto a la Renta y su especialidad y exclusividad, mediante una norma administrativa, basada en una disposición transitoria de una ley que regula aspectos también administrativos (Ley 27796), se pretende modificar justamente la Ley del Impuesto a la Renta, norma que es la única que puede contener aspectos determinantes de la hipótesis de incidencia de dicho tributo.

Finalmente, debemos señalar que el criterio aplicado por la Administración incurre en un error de interpretación de las normas limitativas antes mencionadas.

En efecto, la entrega de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas a los clientes de las salas de juego no se efectúa gratuitamente, pues dicho concepto está incluido dentro de los costos que componen el valor de ficha o apuesta que realiza cada cliente que asiste a las salas, esto es, se incluyen todos los costos y gastos del negocio en el valor de la ficha o apuesta que, sumado al margen de utilidad, determina el valor final de cada ficha o jugada.

Por ende, cuando el cliente hace uso de los servicios de las salas de juego y paga por ello, lo hace también, entre otros conceptos, respecto de los gastos denominados como “atención de clientes” (bebidas, cigarrillos y alimentos), es decir, la entrega de dichos bienes se realiza a título oneroso, no existiendo entrega gratuita de los mismos a favor de los clientes.

En ese sentido, el presupuesto de la Décima Disposición Transitoria de la Ley Nº 27796 no se configura pues dicha norma dispone la limitación respecto de “los gastos de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas que el operador de la sala de juego entregue de manera gratuita a los clientes”.

En consecuencia, el presupuesto o hipótesis de la ley no se ha configurado en el caso al que se refiere el presente comentario, por lo que mal puede la Administración Tributaria aplicar la cuestionada limitación a los referidos gastos cuando se trata de un presupuesto distinto al que la ley alude.

Jaime Bisbal Vivanco

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Propuesta de reforma tributaria 2011efectuada por el abogado tributarista Jorge Manini Chung

2011-08-17T16:40:00.018-05:00

Propuesta de Reforma Tributaria del Peru 2011

El presente es un resumen de un proyecto de algunas medidas de reestructuración tributaria.

En esencia se focaliza en reducir el incumplimiento y evasión, a través de cambios simples de carácter administrativo tanto de los omisos totales como de aquellos que teniendo capacidad contributiva no cumplen de acuerdo a su nivel de ganancias. La idea de estas propuestas es que de manera permanente se pueda incrementar en unos 4,000 millones de nuevos soles la recaudación.

También se ha trabajado en un proyecto que grave a las ganancias extraordinarias que han obtenido los diferentes sectores de la economía, tomando como base las utilidades netas y el ROE( relación del patrimonio con las utilidades). Para el caso de la minería, según este esquema, podría contribuir adicionalmente con 3,000 millones de nuevos soles y los otros sectores con 1,500 millones.

Atentamente,

Jorge Manini Chung

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Las licitaciones en el Peru y el tratamiento para empresas multinacionales andinas

2011-03-11T11:12:00.005-05:00

De acuerdo a nuestra experiencia profesional con empresas multinacionales que han participado en procesos de licitación en el Peru, deseamos compartir con ustedes alguna regulación al respecto que hemos fusionado con opiniones de la OSCE a casos concretos.

Lo que desarrollamos a continuación está basado en los siguientes tópicos:

• Trato igualitario en procesos de adquisición de bienes o contratación de servicios a Empresas Multinacionales Andinas.

• Bonificación del 20% adicional a la calificación técnica y económica, aplicable a la oferta de bienes y servicios de las Empresas Multinacionales Andinas— Decisión N.º 292—, así como a la oferta de bienes y servicios de las personas o empresas de los países miembros —Decisión N.º 439.

Ahora, desarrollamos los puntos planteados de la siguiente forma:

1. La Ley N.º 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, modificada por el artículo 1° de la Ley N.º 27633 prescribe que “para la aplicación del artículo 31º de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado —el cual está referido al método de evaluación y calificación de propuestas— en los procesos de adquisiciones de bienes y para efectos del otorgamiento de la buena pro, se agregará un 20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las posturas de bienes y servicios elaborados o prestados dentro del territorio nacional, conforme al reglamento de la materia”.

El referido beneficio se traduce en una puntaje adicional del 20% sobre el puntaje total obtenido por los postores que declaren que los bienes o servicios que ofertan cumplen con los criterios establecidos en el Decreto Supremo Nº 003-2001-PCM y la Resolución Ministerial N° 043-2001-ITINCI/DM, normas que determinan cuándo un bien se considera producido en territorio nacional o cuándo un servicio se considera prestado en territorio nacional.

Nótese que la citada bonificación otorga una preferencia a los proveedores que oferten bienes “producidos” o servicios “prestados” en territorio nacional, sin reparar en la nacionalidad del proveedor.

2. De otro lado, la ley Nº 29042 incorporó al texto de la Ley una Octava Disposición Complementaria que prescribe lo siguiente:

“Las contrataciones y adquisiciones que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de Acuerdos, Tratados u otros compromisos internacionales, aprobados por el Congreso de la República, que impliquen la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, se regirán por lo establecido en dichos Tratados, Acuerdos o Instrumentos internacionales de los cuales el Perú es parte, siempre que los mencionados principios hayan sido expresamente previstos para las contrataciones y adquisiciones del Estado en dichos instrumentos internacionales y sean de aplicación recíproca entre las partes” (el subrayado es agregado).

Con la citada disposición se persigue implementar a las compras públicas la aplicación del principio de trato nacional y no discriminación, principio ampliamente utilizado en el marco de acuerdos de integración comercial —como los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) — que involucra “dar a los demás el mismo trato que a los nacionales”.

En ese sentido, a efectos de establecer si corresponde otorgar trato nacional a un proveedor extranjero o a los productos o servicios ofertados por él dentro del país, corresponde determinar previamente si existe un acuerdo, tratado u otro compromiso internacional celebrado por el Perú donde dicho principio haya recibido reconocimiento expreso.

En la misma línea que la disposición anteriormente citada, al DL 1017 “Ley de Contrataciones”, el mismo que fue modificado por Oficio Nº 616 – 2009 – MEF de fecha 16 de abril del 2009, se encuentra el artículo Sexto de la Disposición Complementaria Final que prescribe lo siguiente:

“Sexta.- En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de Trato Nacional y No Discriminación, las Entidades contratantes deberán conceder incondicionalmente a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente norma, su Reglamento y en la normativa de la materia.”

3. En este orden de ideas, el Perú, junto a Bolivia, Colombia y Ecuador, es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, la cual fue constituida mediante el Acuerdo de Cartagena.

Forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las Decisiones adoptadas por consenso por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. En este contexto, la Decisión N.º 292 de la Comunidad Andina actualizó y perfeccionó el régimen uniforme para Empresas Multinacionales Andinas con el fin de preservar y estimular la asociación de inversionistas nacionales en los países miembros, para la ejecución de proyectos de interés compartido y alcance multinacional.

Según lo establecido en el artículo 9º de la Decisión N.º 292, las Empresas Multinacionales Andinas y sus sucursales gozan de un tratamiento no menos favorable que el establecido para las empresas nacionales, en materia de preferencias, para las “adquisiciones de bienes o servicios del sector público”.

En esa medida, de acuerdo con la normativa comunitaria andina, las Empresas Multinacionales Andinas y los bienes y servicios que ellas proveen gozan de trato nacional en el país y, por tanto, poseen las mismas prerrogativas y preferencias que la legislación nacional reserva para las empresas nacionales y los bienes y servicios que ofertan, en los procesos de adquisición de bienes o contratación de servicios que realizan las Entidades del Estado.

En consecuencia, en el caso específico de la venta o suministro de bienes provistos por empresas multinacionales andinas, cuando la normativa en materia de promoción del desarrollo productivo hace referencia a “territorio nacional” habría de entenderse “territorio comunitario”, es decir territorio conformado por la Comunidad Andina.

5. En consecuencia:

a) Las Empresas Multinacionales Andinas y los bienes y servicios que ellas proveen gozan de trato nacional en el país y, por tanto, poseen las mismas prerrogativas y preferencias que la legislación nacional reserva para las empresas nacionales y los bienes y servicios que ofertan, en los procesos de adquisición de bienes o contratación de servicios que realizan las Entidades del Estado; y

b) Atendiendo al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones y a la legislación interna, la bonificación adicional del 20% sería aplicable a la oferta de bienes y servicios de las Empresas Multinacionales Andinas— Decisión N.º 292—, así como a la oferta de bienes y servicios de las personas o empresas de los países miembros —Decisión N.º 439—, en tanto cumplan con las normas especiales sobre la materia.

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Estudio Manini en las noticias: Jorge Manini propone formas de reduccion de la tasa del impuesto a la renta para trabajadores dependientes

2011-02-16T11:22:00.009-05:00

El socio senior de nuestro estudio Dr. Jorge Manini ha formulado varias recomendanciones respecto del tratamiento del impuesto a la renta para trabajadores dependientes, a raiz de las ultimas modificatorias a la ley efectuadas por el gobierno.

Si desea ver el articulo en linea desde la pagina de El Comercio, dele click AQUI a la imagen de abajo.

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EXPORTACIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

2011-02-09T11:39:00.003-05:00

De acuerdo con las modificaciones establecidas por la Ley 29646, se establecieron cambios muy importantes respecto de la concepción, condiciones y operaciones que dan origen a la Exportación de Servicios para efectos de la Ley de IGV (IVA en el Perú).

Estos cambios adquieren especial relevancia pues su propósito es incentivar el comercio exterior de servicios prestados en el país.

Asimismo, técnicamente esta norma tiene por finalidad reafirmar el principio que las exportaciones son operaciones no gravadas con el IGV (operaciones inafectas), en aplicación del principio de imposición en el país de destino y el criterio técnico de no exportar tributos.

Finalmente, un atributo fiscal fundamental en la calificación de una operación como exportación de servicios radica en que el exportador tendrá derecho a aplicar el impuesto que gravó las adquisiciones de bienes y servicios destinados a la producción de los servicios exportados como crédito fiscal compensable no solamente contra el débito fiscal del IGV, si lo hubiere, sino como crédito contra otros tributos de su cargo que corresponden al Tesoro Público. Asimismo, la Ley del IGV ha previsto que de no existir estos tributos o no ser suficientes para absorber el crédito fiscal, el exportador podrá solicitar su devolución al Fisco de acuerdo con el procedimiento establecido para tal efecto.

CAMBIOS EFECTUADOS
En ese sentido, pasamos a exponer las principales modificaciones establecidas por la ley en referencia, resaltando aquéllos cambios que se han introducido al texto anterior de la Ley del IGV.

1. Definición de Exportación de Servicios

Se define como Exportación de Servicios al suministro de un servicio de cualquier sector a través de cualquiera de las siguientes modalidades de prestación,:

• Comercio Transfronterizo: Es el servicio que se suministra desde territorio nacional hacia el territorio de otro país.

• Consumo Extranjero: Cuando el consumidor del servicio se desplaza y lo adquiere en territorio nacional.

• Presencia Comercial: Cuando el proveedor domiciliado en el territorio nacional establece una sucursal o establecimiento permanente en el territorio de otro país para suministrar un servicio.

• Presencia de Personas Físicas: Consiste en el desplazamiento de personas físicas domiciliadas en el territorio nacional a otro país parta suministrar un servicio, aún cuando dichas personas físicas lleven a cabo el servicio por encargo de otra persona natural o jurídica.

2. Crédito Fiscal

Se modifica el artículo 18 de la Ley del IGV requisito sustancial, estableciéndose que sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisicio¬nes de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto o que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el Impuesto.

Se agrega que los referidos servicios prestados en el exterior no gravados con el Impuesto que otorgan derecho al crédito fiscal, son aquéllos prestados por sujetos generadores de rentas de tercera categoría para efectos del Impuesto a la Renta.

3. Exportación de Bienes o Servicios

Se modifica el artículo 33 de la Ley del IGV, estableciéndose que la exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto, salvo en el caso de servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada. En este último caso, se podrá solicitar la devolución del Impuesto de acuerdo con el artículo 76 de la Ley (ver acápite 5 del presente informe), siempre que se trate de los servicios consignados en el Literal C del Apéndice V de la Ley.

Asimismo, se dispone que se configurará la Exportación de Servicios cuando ésta se realice:

a) Desde el territorio del país hacia territorio de cualquier otro país, el servicio debe estar consignado en el Literal A del Apéndice V de la Ley (Comercio Transfronterizo).

b) En el territorio del país a un consumidor de servicios no domiciliado, es servicios debe estar consignado en el Literal B del Apéndice de la Ley (Consumo en el Territorio del País).

También se consideran exportación, las siguientes operaciones:
1. La venta de bienes, nacionales o nacionalizados, a los establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los puertos y aeropuertos de la República.

2. Las operaciones swap con clientes del exterior, realizadas por productores mineros, con intervención de entidades reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que certificarán la operación en el momento en que se acredite el cumplimiento del abono del metal en la cuenta del productor minero en una entidad financiera del exterior, la misma que se reflejará en la transmisión de esta información vía swift a su banco corresponsal en Perú.

El Banco local interviniente emitirá al productor minero la constancia de la ejecución del swap, documento que permitirá acreditar ante SUNAT (Administración Tributaria del Perú) el cumplimiento de la exportación por parte del productor minero, quedando expedito su derecho a la devolución del IGV de sus costos.

El plazo que debe mediar entre la operación swap y la exportación del bien, objeto de dicha operación como producto terminado, no debe ser mayor de 60 días útiles.

ADUANAS, en coordinación con la SUNAT, podrá modificar dicho plazo. Si por cualquier motivo, una vez cumplido el plazo, el producto terminado no hubiera sido exportado, la responsabilidad por el pago de los impuestos corresponderá al sujeto responsable de la exportación del producto terminado.

Ante causal de fuerza mayor contemplada en el Código Civil debidamente acreditada, el exportador del producto terminado podrá acogerse ante Aduanas y la SUNAT a una prórroga del plazo para exportar el producto terminado por el período que dure la fuerza mayor.

Por decreto supremo se podrá considerar como exportación a otras modalidades de operaciones swap y podrán establecerse los requisitos y el procedimiento necesario para la aplicación de la presente norma.

3. La remisión al exterior de bienes muebles a consecuencia de la fabricación por encargo de clientes del exterior, aún cuando estos últimos hubieran proporcionado, en todo o en parte, los insumos utilizados en la fabricación del bien encargado. En este caso, el saldo a favor no incluye el impuesto consignado en los comprobantes de pago o declaraciones de importación que correspondan a bienes proporcionados por el cliente del exterior para la elaboración del bien encargado.

4. Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de un paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de 60 días por cada ingreso al país, requiriéndose la presentación de la Tarjeta Andina de Migración – TAM, así como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los Tratados Internacionales celebrados por el Perú sean válidos para ingresar al país, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT.

5. La venta de los bienes destinados al uso o consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de las naves de transporte marítimo o aéreo; así como de los bienes que sean necesarios para el funcionamiento, conservación y mantenimiento de los referidos medios de transporte, incluyendo, entre otros bienes, combustibles, lubricantes y carburantes. Por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas se establecerá la lista de bienes sujetos al presente régimen.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, los citados bienes deben ser embarcados por el vendedor durante la permanencia de las naves o aeronaves en la zona primaria aduanera y debe seguirse el procedimiento que se establezca mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT.

6. Para efectos de este Impuesto se considera exportación los servicios de transporte de pasajeros y/o mercancías que los Navieros Nacionales o Empresas Navieras Nacionales realicen desde el país hacia el exterior, así como los servicios de transporte de carga aérea que se realicen desde el país hacia el exterior.

7. Para efectos de este Impuesto se considera exportación los servicios de transporte de pasajeros y/o mercancías que los Navieros Nacionales o Empresas Navieras Nacionales realicen desde el país hacia el exterior, así como los servicios de transporte de carga aérea que se realicen desde el país hacia el exterior.

8. La venta de joyas fabricadas en todo o en parte en oro y plata, así como los artículos de orfebrería y manufactura en oro y plata, a personas no domiciliadas a través de establecimientos autorizados para tal efecto por la SUNAT.

Se considera exportador al productor de bienes que venda sus productos a clientes del exterior a través de comisionistas que operen únicamente como intermediarios encargados de realizar los despachos de exportación, sin agregar valor al bien, siempre que cumplan con las disposiciones establecidas por Aduanas sobre el particular.

Se dispone que a solicitud de parte, se podrán incorporar nuevos servicios al Apéndice V, para lo cual deberá presentarse una solicitud ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que mediante decreto supremo dispongan que la operación materia de la solicitud califica como exportación y sea agregado al Apéndice V de la LEY.

4. Reintegro del Crédito Fiscal a los Exportadores de Servicios fuera del país consignados en el Literal D del Apéndice V

Se incorpora el artículo 34-A a la Ley del IGV (nuevo artículo), estableciéndose que las personas naturales generadoras de rentas de cuarta categoría según la Ley del Impuesto a al Renta (ejercicio de una profesión, arte u oficio en forma independiente), domiciliadas en el país, que adquieran bienes, servicios y contratos de construcción por los cuales se les hubiera trasladado el Impuesto, para la prestación de los servicios con presencia física en el exterior consignados en el Literal D del Apéndice V de la Ley, tendrán derecho al reintegro equivalente al monto del impuesto que le hubieran consignado en el respectivo comprobante de pago, emitido de conformidad con las normas sobre la materia, siéndole de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en la Ley.

Se entiende que se ha prestado servicios con presencia física en el exterior cuando el prestador del servicio se desplaza a un país distinto a prestar un servicio a favor de un sujeto que no reside ni domicilia en el país del prestador de servicios, para ser consumido, aprovechado o utilizado en el exterior.

El monto del reintegro tributario solicitado no podrá ser superior a un porcentaje equivalente a la tasa vigente del IGV aplicado sobre el valor de los citados servicios prestados en el exterior no gravados, por el período que se solicita la devolución. El monto que exceda dicho límite constituirá un saldo por reintegro tributario que se incluirá en las solicitudes siguientes hasta su agotamiento.

Este reintegro tributario se podrá efectuar mediante cheques no negociables, notas de crédito negociables o abono en cuenta corriente o ahorro, según lo dispuesto por la Administración Tributaria para ello.

5. Devolución de Impuestos

Se modifica el artículo 76 de la Ley del IGV, norma que dispone la devolución del IGV e ISC que grava la adquisición de bienes llevados al exterior por turistas que hayan ingresado al país. La modificación señala que también será objeto de devolución el IGV que haya gravado los servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada, señalados en el Literal C del Apéndice V de la Ley del IGV, al momento de su salida del país.

6. Exportación de Servicios

Se incorpora el artículo 33-A a la Ley del IGV (nuevo artículo), estableciéndose que los servicios a que se refiere el artículo 33 de la Ley estarán sujetos a las siguientes normas:

Los servicios que se presten desde el territorio del país al territorio de cualquier otro país considerados en el Literal A del Apéndice V de la Ley, cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el Reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.
b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.
c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.
d) El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero.

Los servicios que se presten en el territorio del país a un consumidor de cualquier otro país consignados en el Literal B del Apéndice V de la Ley, se consideran exportados cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el Reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.
b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.
c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.

Los servicios prestados y consumidos en el territorio nacional a favor de una persona no domiciliada consignados en el Literal C del Apéndice V de la Ley se consideran exportados, y otorgan el derecho a la devolución de impuestos a que se refiere el artículo 76 de la Ley, cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el Reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.
b) El prestador del servicio sea una persona domiciliada en el país.
c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona natural no domiciliada en el país en el momento de la prestación y consumo del servicio.

7. Adquisiciones que otorgan derecho al Crédito Fiscal

Se incorpora el artículo 22-A a la Ley del IGV (se encontraba este texto originalmente en el art 6 del Reglamento), disponiéndose que los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a operaciones gravadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el Impuesto a que se refiere el artículo 34-A de la Ley, y cuya adquisición o importación dan derecho a crédito fiscal son:
a) Los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos, utilizados en la elaboración de los bienes que se producen o en los servicios que se presten.
b) Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y equipos, así como sus partes, piezas, repuestos y accesorios.
c) Los bienes adquiridos para ser vendidos.
d) Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso o consumo sea necesario para la realización de las operaciones gravadas y que su importe sea permitido deducir como gasto o costo de la empresa.

8. Operaciones consideradas como Exportación de Servicios – Apéndice V

A. Comercio Transfronterizo

1. Servicios de consultoría y asistencia técnica.
2. Arrendamiento de bienes muebles.
3. Servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de la opinión pública.
4. Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares, entre los cuales se incluyen:

 Servicios de diseño y creación de software de uso genérico y específico, diseño de páginas web, así como diseño de redes, bases de datos, sistemas computacionales y aplicaciones de tecnologías de la información para uso específico del cliente.
 Servicios de suministro y operación de aplicaciones computacionales en línea, así como de la infraestructura para operar tecnologías de la información.
 Servicios de consultoría y apoyo técnico en tecnologías de la información, tales como instalación, capacitación, parametrización, mantenimiento, reparación, pruebas, implementación y asistencia técnica.
 Servicios de administración de redes computacionales, centros de datos y mesas de ayuda.
 Servicios de simulación y modelamiento computacional de estructuras y sistemas mediante el uso de aplicaciones informáticas.

5. Servicios de colocación y de suministro de personal.
6. Servicios de comisiones por colocaciones de crédito.
7. Operaciones de financiamiento.
8. Seguros y reaseguros.
9. Los servicios de telecomunicaciones destinados a completar el servicio de telecomunicaciones originado en el exterior; únicamente respecto a la compensación entregada por los operadores del exterior, según las normas del Convenio de Unión Internacional de Telecomunicaciones.
10. Servicios de mediación y/u organización de servicios turísticos prestados por operadores turísticos domiciliado en el país en favor de agencias u operadores turísticos domiciliados en el exterior.
11. Cesión temporal de derechos de uso o de usufructo de obras nacionales audiovisuales y todas las demás obras nacionales que se expresen mediante proceso análogo a la cinematografía, tales como producciones televisivas o cualquier otra producción de imágenes; a favor de personas no domiciliadas para ser transmitidas en el exterior.
12. El suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que sea utilizado fuera del país. El suministro de energía eléctrica comprende todos los cargos que le son inherentes contemplados en la legislación peruana.
13. Los servicios de asistencia telefónica que brindan los Centros de Llamadas a favor de empresas o usuarios, no domiciliados en el país, cuyos clientes o potenciales clientes domicilien en el exterior, y siempre que sean utilizados fuera del país.
14. Los servicios de comisión mercantil prestados a personas no domiciliadas en relación con la venta en el país de productos provenientes del exterior, siempre que el comisionista actúe como intermediario entre un sujeto domiciliado en el país y otro no domiciliado y la comisión sea pagada desde el exterior.
Esta operación se encontraba incluida como operación no gravada con el IGV (inc q del art. 2 de la Ley), siendo dicha desgravación derogada y quedando comprendida la referida actividad como exportación de servicios.

B. Consumo en el Territorio del País
1. Los servicios de mantenimiento y reparación de bienes muebles.
2. Servicios de administración de carteras de inversión en el país.
3. Los servicios complementarios necesarios para llevar a cabo el servicio de transporte internacional de carga internacional a que se refiere el numeral 3 del Apéndice II de la Ley, siempre que se realicen en la zona primaria de aduanas y que se presten a transportistas de carga internacional no domiciliados en el país o a sujetos no domiciliados en el país.

Los servicios complementarios a que se hace referencia en el párrafo anterior son los siguientes:

a. Remolque.
b. Amarre o desamarre de boyas.
c. Alquiler de amarraderos.
d. Uso de área de operaciones.
e. Movilización de carga entre bodegas de la nave.
f. Transbordo de carga.
g. Descarga o embarque de carga o de contenedores vacíos.
h. Manipuleo de carga.
i. Estiba y desestiba.
j. Tracción de carga desde y hacia áreas de almacenamiento.
k. Practicaje.
l. Apoyo a aeronaves en tierra (Rampa).
m. Navegación aérea en ruta.
n. Aterrizaje - despegue.
o. Estacionamiento de la aeronave.

4. Los servicios de transformación, modificación, reparación, mantenimiento y conservación de Naves y Aeronaves de bandera extranjera a favor de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que su utilización económica se realice fuera del país. Estos servicios se hacen extensivos a todas las partes y componentes de las Naves y Aeronaves.

5. Los servicios de apoyo empresarial prestados por empresas de centros de servicios compartidos o tercerizados, profesionales o técnicos domiciliados en el país, tales como servicios de contabilidad, de tesorería, soporte tecnológico, informático o logística, centros de contactos, laboratorios y similares.

Los comprobantes de pago que se emitan por estos servicios a favor de sujetos del exterior no domiciliados no podrán comprender los servicios prestados a sujetos domiciliados en el Perú, los que deberán ser objeto de comprobantes de pago independientes.

6. Los servicios de alimentación, transporte, de guías de turismo, el ingreso a espectáculos de folclore nacional, teatro, conciertos de música, ballet, zarzuela, que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos domiciliados en el país, inscritos en el registro creado para este efecto, a favor de agencias, operadores turísticos o personas naturales no domiciliadas en el país, en todos los casos. El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las sanciones correspondientes para aquellas agencias que hagan uso indebido del registro.

C. Servicios a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley y por los que se pueden solicitar la devolución del IGV:

LOS SIGUIENTES SERVICIOS PERSONALES:

 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
 SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS.
 GUÍA DE TURISMO.
 SERVICIOS DE SALUD HUMANA, ODONTOLOGÍA Y LOS DE ESTÉTICA CORPORAL HUMANA.
 ESPECTÁCULOS EN VIVO DE TEATRO, ZARZUELA, CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA, ÓPERA, OPERETA, BALLET, CIRCO Y FOLKLORE NACIONAL.

D. Servicios prestados en el exterior a los que se refiere el artículo 34-A de la Ley y por los que se puede solicitar el reintegro tributario del crédito fiscal:

 Servicios brindados por profesionales y técnicos, domiciliados en el país.

Jaime Bisbal Vivanco
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Algunos apuntes sobre el Régimen Impositivo aplicado a la Explotación de Salas de Casino y Máquinas Tragamonedas

2011-02-07T17:42:00.002-05:00

El régimen impositivo que en particular aplica el Estado sobre la actividad económica de la explotación de salas de casino y/o máquinas tragamonedas es irracional, con visos de confiscatoriedad y además, como ocurre cuando hay ausencia de una técnica impositiva adecuada, no produce la recaudación tributaria que las autoridades estatales esperan.

Hagamos, para este propósito, un corto recorrido sobre la historia de este particular régimen impositivo.

Comencemos por la promulgación del Decreto Ley N° 25836, derogado por la Ley N° 27153.

A través del referido decreto ley, se dispuso que el titular de la autorización para la explotación de Casinos de Juego, debía efectuar un pago mensual por explotación equivalente al 20% de las ganancias brutas mensuales provenientes del juego, las cuales quedaban determinadas por la diferencia entre el dinero que destinaban los usuarios al juego y las sumas que éstos recibían como resultado.

El Decreto Ley en cuestión fue derogado en el año 1999 por la Ley Nº 27153, norma que reguló la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas y dispuso expresamente la creación del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

Posteriormente, como ocurre con toda norma errónea en su concepción y técnicamente mal formulada, en los extremos demandados la Ley Nº 27153 fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 009-2001-AI/TC del 29 de enero de 2002, resolución que, entre otros aspectos, dejó sin efecto los artículos 38.1 y 39 que regulaban el mencionado Impuesto a los Juegos, disponiendo que las deudas acumuladas se reduzcan al monto que dispondría la ley que debía dictarse, así como que los montos ya pagados debían ser considerados crédito tributario.

En cuanto a los motivos que sustentaron tal inconstitucionalidad, el referido Tribunal estableció que, acorde con las características del Impuesto a los Juegos aprobado por la Ley N° 27153, éste resultaba confiscatorio y vulneraba el artículo 74 de la Constitución, debido a que si bien la norma en cuestión establecía que el impuesto gravaba "la explotación” de la actividad de los juegos, la alícuota del impuesto que ascendía al 20% aplicable sobre la ganancia bruta mensual (diferencia entre el ingreso total del mes y el monto total de los premios otorgados el mismo mes), es decir, gravaba las utilidades generadas por la referida actividad.

Asimismo, el Tribunal Constitucional señaló que la determinación del tributo no admitía la deducción de gastos y que tampoco establecía que el impuesto pagado sea considerado como pago a cuenta del Impuesto a la Renta, por lo que éste tenía vocación confiscatoria.

Declarados inconstitucionales los artículos de la norma que establecían el mencionado tributo, se promulgó la Ley N° 27153, modificada luego por la Ley N° 27796, adecuándose, a nuestro criterio parcialmente, a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

Este nuevo Impuesto a la Explotación de Casinos y Máquinas Tragamonedas, estableció una tasa del 12% aplicable sobre la diferencia entre ingreso neto mensual (monto total recibido por las apuestas o dinero destinado al juego), más comisiones si las hubiera, y los gastos por mantenimiento de las máquinas tragamonedas y medios de juego de casinos. Asimismo, limitó la deducción de los gastos de mantenimiento al 2% del ingreso neto mensual, permitiendo además que el tributo sea deducido de la renta de la tercera categoría del Impuesto a la Renta.

Cabe añadir que las normas que regulan este tributo fueron declaradas constitucionales, mediante la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 04227-2005-AA sobre acción de amparo, tributo que actualmente se mantiene vigente.

No obstante lo indicado en este último fallo, consideramos que el tributo dispuesto por la Ley Nº 27153, modificado por la Ley N° 27796, adolece aún de errores técnicos en su concepción, esto es, mantiene todavía una elevada tasa y dispone que ésta se aplique sobre una renta o ingreso neto que es nominativo porque en realidad se trata del ingreso bruto, en tanto que la condición que sea deducible del Impuesto a la Renta no le quita su característica gravosa e incluso confiscatoria, pues la recuperación de la carga económica a través de este mecanismo es de sólo del 30%.

Ahora bien, y continuando con la historia del régimen bajo comentario, bajo el presupuesto de intentar cambiar dicha situación, en el año 2006 se promulgó la Ley N° 28872, la cual dispuso modificar la Ley del Impuesto a la Renta creando una tasa adicional del 12% sobre la renta neta para los sujetos perceptores de ingresos derivados de las actividades de Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas, con un pago a cuenta del 1% de los ingresos brutos obtenidos en el mes.

Esta fórmula impositiva buscaba que la tasa del 12% se aplique sobre la utilidad tributaria y no sobre la renta bruta, reemplazando al Impuesto a los Juegos al derogar los artículos 36 al 39 de la Ley N° 27153 y modificatorias.

La Ley N° 28872 nunca entró a regir al ser derogada por la Ley Nº 28945, manteniéndose entonces el impuesto establecido por la Ley N° 27153.

Para terminar el recorrido por este bosquejo de régimen impositivo, no podemos obviar dos aspectos fundamentales: (i) el Impuesto General a las Ventas; y, (ii) la limitación a los gastos de atención al cliente como deducción para efectos del Impuesto a la Renta.

Respecto del Impuesto General a las Ventas, la ley que regula este tributo dispone que no se encuentran gravados los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicos.

Si bien no discutimos esta desgravación, la propuesta de un régimen impositivo integral para este sector no puede obviar que las empresas dedicadas a esta actividad deben soportar como costo o gasto la carga del 19% sobre el valor de las adquisiciones de bienes y servicios que requieren para el desarrollo de ésta y que sólo, como en el caso del Impuesto a los Juegos, se recupera económicamente en un 30%.

En cuanto a los gastos de atención a clientes deducibles del Impuesto a la Renta, la Décima Disposición Transitoria de la Ley N° 27796 facultó a la SUNAT para determinar el porcentaje máximo de deducción en los gastos de alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas que se entreguen gratuitamente a los clientes.

Por su parte, la SUNAT en la Tercera Disposición Final de la R.S. N° 014-2003/SUNAT estableció que el sujeto del impuesto podrá deducir los gastos por los alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas que entregue gratuitamente a los clientes que en conjunto no exceda del 0.5% de los ingresos brutos de rentas de tercera categoría, con un límite máximo de 40 UITs.

Nótese que de acuerdo con dicha limitación se dispensa a los gastos de atención a los clientes de las salas de juego el mismo tratamiento previsto para los gastos de representación dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta, esto es, se confunde un gasto operativo con obsequios o agasajos a clientes o potenciales clientes para mantener o mejorar la posición en el mercado.

Para un mejor entender, dicha confusión estriba en que el objeto y naturaleza de los gastos de atención a clientes de las salas de juego es distinto al de los gastos de representación propios de cualquier empresa, incluso las de este sector, por cuanto la finalidad del primero es que los clientes permanezcan en las salas de juego el mayor tiempo posible, haciendo uso de los servicios de juego y generando, por ende, mayores ingresos gravados con el Impuesto a la Renta. Por ello, consideramos que su calificación es innegablemente el de un gasto operativo.

Por último y a título de reflexión, atendiendo las disposiciones pasadas y vigentes de este errático régimen impositivo, consideramos que resulta necesario modificar su estructura en todos los extremos mencionados, de tal manera que este régimen sea equitativo y respete la capacidad contributiva de los sujetos dedicados a la referida actividad económica y además permita eliminar cualquier atisbo de inconstitucionalidad y de limitación técnica.

Jaime Bisbal Vivanco
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Jorge Manini: Solo el 20% de trabajadores paga Impuesto a la Renta

2011-02-01T11:27:00.003-05:00

El tributarista lamenta que debido a la falta de fiscalización de la Sunat, solo 3 millones de trabajadores paguen impuestos mientras que un 60% de pequeñas empresas no lo hace.

“En el Perú hay dos países: los que soportan toda la carga tributaria y los que nunca pagan sus impuestos”. Así de rotundo es el tributarista Jorge Manini, quién cuestiona por ejemplo que solo 3 millones de trabajadores de los más de 13 millones que hay en el mercado laboral paguen Impuesto a la Renta por más de S/.4 mil 200 millones.

El analista aseguró a RPP Noticias que la falta de un proceso de fiscalización real en las últimas décadas ha generado un desequilibrio perverso en la economía. Es así que solo el 20% de los trabajadores paga tasas elevadas de 15%, 21% y hasta 30%, mientras que el otro 80% solo contribuye con un IGV indirecto o no paga nada.

Asimismo, lamentó que más de 1 millón de pequeñas empresas registradas paguen solo la tercera parte de lo que aporta este 20% de trabajadores, pero más crítico, según dijo, es que un 60% de empresas informales simplemente no contribuya con la recaudación fiscal, debido a una inexistente fiscalización de parte del ente recaudador.
“La idea es la siguiente que si nosotros tuviéramos un grado de cumplimiento mayor y la base de contribuyentes fuera mayor y si este mundo informal pagara podríamos bajar la tasa que afecta a estos trabajadores dependientes en 10 puntos por lo menos”, comentó.

Y es que más allá de publicar la lista y el monto (S/.14, 700) de las 100 empresas o personas que más deben, Manini recomendó al Poder Ejecutivo, Legislativo y sobre todo a la Sunat a iniciar un verdadera restructuración del ente recaudador y enfocar los esfuerzos de fiscalización sobre los sectores que sí pueden contribuir y que hasta la fecha no lo hacen.

“Ahora se habla de S/.14 mil millones eso significa que son las mimas empresas y lo interesante es ver como está compuesto, si el monto es cobrable o no es cobrable por ejemplo esta Engelhard que es la primera en la lista, es una empresa en liquidación, es decir no le van a cobrar nada y así hay otras empresas”, cuestionó.

Esta semana el ministro de Economía, Ismael Benavides cuestionó a través de RRP Noticias la labor que ha desempeñado la Sunat en los últimos años, pero valgan verdades, él es el responsable político de una institución que desde hace mucho tiempo adolece del cáncer de la ineficiencia.

Publicado en RPP.com.pe, dar clic aqui para ir a la fuente

Nuevos Incoterms para el 2011 y nuevas reglas

2010-11-03T11:05:00.007-05:00

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París dio a conocer en octubre pasado la última versión de los Términos Internacionales de Comercio del año 2010, conocidos como los Incoterms 2010, cuyas reglas se pondrán en práctica para el comercio internacional a partir del 1 de enero del próximo año. Así, la Cámara de Comercio Internacional ha considerado conveniente, luego de un estudio y actualización de los Incoterms 2000 aún vigentes, considerar la revisión efectuada al Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos en 2004 en lo relativo al embarque y entrega de mercancías, la evolución existente en el mercado de seguros, el uso cada vez mayor de la facturación electrónica y la experiencia mercantil sobre aspectos de mayor controversia en la aplicación de los Incoterms, para efectuar una revisión integral de los mismos, al grado que para la versión 2010 se eliminan cuatro Incoterms (a saber DDU, DAF, DES y DEQ) y se incorporan dos nuevos, Delivery At Terminal (DAT) y Delivery At Place (DAP).

Entonces tenemos que de 13 Incoterms se pasará a 11, en donde se deja sin efecto a los denominados Incoterms del Grupo “D”, en el cual el vendedor se comprometía a asumir todos los gastos y riesgos necesarios para llevar las mercaderías al lugar de destino, sea entregándolo en la frontera terrestre (DAF), sobre el buque en el puerto de destino (DES), en el muelle (DEQ) o en el establecimiento de destino, pero sin el pago de los tributos aduaneros (DDU).

El nuevo Incoterms DAT, por su parte, tendrá una aplicación multimodal y más flexible, pues su uso estará permitido para cualquier medio de transporte, reemplazando al DAF (uno de los menos utilizados por restringirse al transporte terrestre), DES y DEQ (de exclusivo uso en la vía marítima), en donde el vendedor se compromete a entregar la mercancía descargándola en un terminal aéreo, marítimo o terrestre.

El otro nuevo Incoterms 2010 DAP, viene a sustituir al DDU, que a decir de muchos especialistas tiene una utilidad importante dado que el vendedor se compromete a entregar la mercancía al comprador en un establecimiento de destino, pero sin asumir los pagos arancelarios, los cuales corren a cargo del comprador de la mercancía. La razón del cambio opera en el sentido que ahora en el DAP se establecen mayores precisiones, como transporte multimodal, para que la entrega de la mercancía se realice en cualquier localidad o establecimiento previamente convenido.

Recomendaciones
1º Ante este cambio, debe recordarse a todo agente que realice o desee realizar operaciones de comercio internacional, que las reglas Incoterms se aplican a los contratos de compraventa, mas no así a los contratos de transporte, financiamiento, servicios o de seguros.

2º Se recomienda también que a partir del 1 de enero de 2011, las empresas que realicen estas operaciones indiquen expresamente en su documentación que están contratando bajo los términos Incoterms 2010, a fin de evitar malentendidos respecto de versiones anteriores.

¿Qué son los Incoterms?
Los Incoterms son un conjunto de reglas que recogen la costumbre comercial formada durante décadas, habiendo sido promulgados por primera vez en 1936 y revisados periódicamente por la propia Cámara de Comercio Internacional con el objetivo de mantenerlos actualizados con el avance tecnológico y económico. Por eso, en cumplimiento de este propósito, la referida entidad ha elaborado las reglas Incoterms 2010, las cuales sustituyen a la anterior versión del año 2000.

Si bien surgieron otros instrumentos alternativos, como el American Foreign Trade Definitions adoptado en Estados Unidos en 1919; las Reglas de Varsovia y de Oxford propuestas por la Asociación de Derecho Internacional en 1932; las Condiciones Generales Para la Entrega de las Mercancías elaborados por el Consejo de Ayuda Económica Mutua de 1968 para la extinta URSS; y, los países de Europa Oriental y los Combiterms del año 1969.

Instrumentos previene el surgimiento de disputas o litigios innecesarios
Las definiciones contenidas en los Incoterms son las que han tenido una mayor aceptación mundial debido a que cumplen la función de fácil entendimiento entre vendedores y compradores que pertenecen a países distintos y que desconociendo de los usos y condiciones de la contratación extranjera, tienen la seguridad que sometiendo su operación de compraventa internacional a las reglas Incoterms se elimina la posibilidad de malas interpretaciones sobre aquello que quisieron acordar las partes y, en consecuencia, se previene el surgimiento de disputas o litigios innecesarios.

Las empresas involucradas en una operación de comercio exterior asumirían altos costos de transacción para ponerse de acuerdo sobre la legislación aplicable a su contrato, pues comprador o vendedor apelarán a la aplicación de la ley de su país y no así de la ley extranjera la cual le es ajena, incomprensible e, incluso, opuesta.

Precisamente, para evitar esta situación inapropiada que podría obstaculizar el comercio mundial, es que se utilizan los Incoterms, los cuales tienen una vocación de universalidad pues son plenamente compatibles con sistemas jurídicos distintos e, incluso, antagónicos entre sí.

Este instrumento permite a las partes involucradas en una operación de compraventa internacional, poder identificar las condiciones precisas en que contratan la entrega de la mercancía, las obligaciones del vendedor y del comprador, la obligación del pago de las pólizas de seguros y costo de fletes, la tramitación de los procedimientos aduaneros, el traslado de la responsabilidad y de los riesgos, entre otros.

El Peruano, Foto: Internet

SI TIENE CONSULTAS SOBRE EL CAMBIO DE INCOTERMS, CON GUSTO EL DR. JORGE MANINI LO PUEDE ATENDER EN LA SIGUIENTE INFORMACION DE CONTACTO:

Jorge Manini Chung
Estudio Manini & Asociados
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COMENTARIOS A LA LEY 29459, LEY DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y LA PRE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

2010-10-08T08:00:00.000-05:00

MARCO CONTEXTUAL
Con fecha 26 de noviembre de 2009, se publicó la Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; norma que trae consigo cambios significativos en cuanto a la regulación de dichos productos y los establecimientos en los cuales se comercializan.

Actualmente, los referidos cambios aun no son perceptibles del todo, ya que no contamos todavía con un reglamento adaptado a la Ley N° 29459, para el Registro, Control y Vigilancia de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Únicamente se ha pre publicado el Proyecto de Reglamento de Establecimientos Farmacéutico, el cual comentaremos brevemente mas adelante .

En términos generales lo que se busca con esta nueva regulación es convertir aceleradamente al Perú en un país de alta vigilancia sanitaria. Cabe hacerse la pregunta: ¿Están preparados los agentes del sector y la Autoridad Nacional en Salud para asumir este reto?

Los cambios bruscos en cualquier regulación siempre traerán posiciones encontradas entre los que intervienen en el sector. En el presente caso, hay quienes están a favor de los cambios pero para otros estos resultan desfavorables o inaplicables. Las diferencias surgen dependiendo del tipo de producto que comercializan y/o la actividad que realizan dichos agentes. Por ejemplo, vemos mayor preocupación entre los productores y distribuidores de medicamentos herbarios que aquellos que producen y distribuyen medicamentos propiamente dichos. Actualmente, la mayoría de productores y distribuidores de medicamentos herbarios ya encuentran la incertidumbre en cuanto a que tipo de productos naturales se considerarán como un medicamento herbario y a cuales no. Tengamos en cuenta que los medicamentos herbarios, se encuentran dentro de la clasificación de Productos Farmacéuticos y por ende, significa cumplir con mayores exigencias para su registro según los cambios que trae consigo la Ley N° 29459.

Por otro lado, algunos importadores y comercializadores de ciertos tipos de dispositivos médicos también se verán obligados a asumir mayores retos en cuanto a nuevas exigencia que traerá consigo la nueva regulación en conjunto. Por su parte, los laboratorios nacionales quienes también deberán cumplir con mayores exigencias para su funcionamiento, se verán de cierta forma beneficiados ya que tendrán la posibilidad de participar activamente en el control de calidad de los productos que ingresan al mercado. La nueva regulación obliga a los titulares de registros sanitarios a pasar por un laboratorio nacional de control, a partir del segundo lote en adelante que se pretenda introducir al mercado .

Otros expertos en la materia consideran que se trata de un cambio positivo, pero la adaptación para llegar a ser un país de alta vigilancia sanitaria es un proceso que debe efectuarse poco a poco en el tiempo y no de la noche a la mañana. En ese sentido, las normas reglamentarias que se dicten al respecto deberán estar diseñadas de tal manera que efectivamente puedan ser acatadas por los agentes del mercado sin significar ventajas para unos y desventajas para otros; o en todo caso que no se trate de normas que sean vistas como “un saludo a la bandera” por ser inaplicables en nuestro contexto actual. La reglamentación en ningún caso deberá significar una barrera que impida el acceso o la continuidad de los agentes en el mercado.

Ahora bien, que no nos quepa la menor duda que los cambios en la regulación pertinente se vienen definitivamente. La Ley N° 29459 ya fue promulgada, y trae consigo los cimientos sólidos de una nueva regulación.

El pasado 8 de setiembre, se pre publico el proyecto de Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, cuyas partes más importantes pasaremos a detallar a continuación. Se ha concedido un plazo de 30 días calendario para presentar oposiciones al referido proyecto, sin embargo, la norma Comunitaria, establece que en estos casos dicho plazo debe ser de 90 días calendario. La autoridad competente aun no se ha pronunciado al respecto.

PREPUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS
De acuerdo al proyecto pre publicado, todo establecimiento farmacéutico deberá contar con una autorización sanitaria de funcionamiento otorgada por la Autoridad Nacional en Salud y la cual será requisito indispensable para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento por parte de los Gobiernos Locales.

Para obtener la autorización sanitaria de funcionamiento la autoridad correspondiente verificará que el establecimiento cumpla con las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Practicas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica según sea aplicable, para lo cual deberán contar con la certificación correspondiente, la misma que también es otorgada o validada por la Autoridad Nacional en Salud.

El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, Laboratorio, Almacenamiento, Distribución, Dispensación y Seguimiento Farmacoterapéutico, según corresponda, será verificado por la autoridad correspondiente a través de inspecciones periódicas, debiendo tenerse en cuenta que el control y vigilancia hacia el sector será más severo y con sanciones drásticas en caso de incumplimiento a la normatividad.

Para los productores, se consideraría válido el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Buenas Prácticas de Laboratorio o sus equivalentes, otorgado por la Autoridad competente de los países de Alta Vigilancia Sanitaria: Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Suiza, Alemania, España, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Australia y Dinamarca. Sin embargo, en caso los productores en el exterior no cuenten con tal certificación, deberán asumir los costos para que los funcionarios de la Autoridad Nacional en Salud efectúen las certificaciones correspondientes.

En cuanto a la comercialización a domicilio, el proyecto establecería que se debe realizar solamente respecto de productos o dispositivos cuya condición de venta sea sin receta médica, en vehículos o en contenedores especialmente acondicionados para cumplir con las exigencias dispuestas en las normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución. Asimismo, la nueva reglamentación, prohibirá la comercialización vía internet de los productos farmacéuticos.

Quedará prohibida la fabricación, almacenamiento, dispensación o comercialización de productos farmacéuticos en consultorios profesionales, tópicos, gimnasios, spa, clínicas, policlínicos, centros médicos (fuera del servicio de farmacia), centros de belleza, cosmiátricos, centros naturistas, entre otros similares, los mismos que están sujetos a las medidas de seguridad y/o sanciones a que hubiere lugar.

Finalmente, consideramos relevante mencionar que el proyecto cuenta con una norma referida a la obligatoriedad de conservar muestras de retención o contra muestras. Es decir, de cada lote de producción, serie o código de identificación, según corresponda, se deberán guardar muestras de retención, hasta un año después de la fecha de expiración del producto o dispositivo terminado, debiendo ser suficientes para ser sometidas a un examen completo. Esta medida requerirá en muchos casos que se amplíen los almacenes utilizados los cuales requerirán de mayor espacio.

CONCLUSIONES
La nueva reglamentación sobre establecimientos farmacéuticos y sobre el registro, control y vigilancia de productos farmacéuticos, traerá consigo mayores exigencias de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 29459.
De acuerdo al proyecto pre publicado, todo establecimiento farmacéutico deberá contar con una autorización sanitaria de funcionamiento la cual será indispensable para obtener la licencia municipal correspondiente.
De acuerdo al proyecto de reglamento pre publicado, para obtener la autorización sanitaria de funcionamiento se deberá cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Practicas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica según sea aplicable, para lo cual se deberá contar con la certificación correspondiente.
De acuerdo al proyecto de reglamento pre publicado para cada lote de producción, serie o código de identificación, según corresponda, se deberán guardar muestras de retención, hasta un año después de la fecha de expiración del producto o dispositivo terminado.

Si tiene consultas al respecto, el especialista del tema lo puede atender en la siguiente informacion de contacto:

Giuseppe Manini Carrasco
Estudio Manini & Asociados
Los Castaños Nº 335 San Isidro - Lima Perú
Tlfs : (51-1) 442-0848, 442-5098, 442-1324, 442-1261
Fax : (51-1) 221-1688
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1 Si bien aun se mantienen vigentes el D.S 010-97-SA y D.S 021-2001-SA, Reglamento de Registro Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos y Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos respectivamente; con fecha 16 de junio del presente año se aprobó ya una directiva referida a las Buenas Practicas de Manufactura (directiva que para muchos es prácticamente inaplicable). Asimismo, mediante D.S 028-2010-SA, ya se empiezan a reglamentar algunos alcances de la Ley N° 29459, referidos a la inscripción y reinscripción de medicamentos.

2 El control de calidad del primer lote lo efectúa el Centro nacional de Control de Calidad a cargo del Instituto Nacional de Salud INS.

“La Ley del Divorcio Rápido" en el Perú, Ley Nº29227

2010-10-07T14:20:00.004-05:00

La denominada “Ley del Divorcio Rápido” tiene por objeto establecer y regular el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías.

Pueden acogerse a lo dispuesto en esta Ley los cónyuges que, después de transcurridos (2) años de la celebración del matrimonio, deciden poner fin a dicha unión mediante separación convencional y divorcio ulterior, esto es, de mutuo acuerdo.

Son competentes para llevar a cabo el procedimiento especial establecido en esta Ley, los alcaldes distritales y provinciales, así como los notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal o de donde se celebró el matrimonio.

Para solicitar la separación convencional al amparo de esta Ley, los cónyuges deben cumplir con los siguientes requisitos:

No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y,

Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar con la escritura pública de sustitución o liquidación del régimen del régimen patrimonial inscrita en los Registros Públicos.

De no cumplirse con estos (2) requisitos, los cónyuges no podrán divorciarse al amparo de esta Ley.

A (2) años de la entrada en vigencia de la Ley Nº29227, se redujo en más del 40% la incidencia de demandas de divorcio en los Juzgados de Familia, ya que esta Ley permite que el procedimiento sea más rápido, accesible y flexible, toda vez que se realiza en la vía notarial y municipal (en 18 municipios distritales de Lima).

Si usted desea divorciarse, ya no tendrá que esperar (1) año y medio para obtener su divorcio luego de un engorroso y tedioso proceso judicial, ahora gracias a la denominada “Ley del Divorcio Rápido” si está de acuerdo con su cónyuge, se puede divorciar en sólo un par de meses.

Si tiene alguna consulta al respecto, la Dra. Miranda podrá atenderlo en la siguiente información de contacto:

Graciela Miranda Arevalo
Estudio Manini & Asociados
Los Castaños Nº 335 San Isidro - Lima Perú
Tlfs : (51-1) 442-0848, 442-5098, 442-1324, 442-1261
Fax : (51-1) 221-1688
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ASPECTOS DE LA LEY 29508, LEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOS DE RETORNO AL PERU

2010-10-06T10:49:00.004-05:00

LEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOS

LEY Nº 29508 “LEY QUE RESTABLECE LA VIGENCIA DE LA LEY Nº 28182. LEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOS”

I. ANTECEDENTES. LEY Nº 28182

Mediante la Ley de Incentivos Migratorios publicada el 24 de febrero de 2004 en el diario El Peruano, se establece que las personas de nacionalidad peruana que hayan permanecido en el extranjero por un período no menor a 5 años y que retornen para establecerse en el país con la finalidad de desarrollar actividades profesionales, de oficio y de empresa podrán acogerse a incentivos tributarios y acciones que propicien su regreso.

En este sentido, las personas que actualmente viven en el extranjero y deseen volver para generar actividades productivas están liberadas de pago de todo tributo que grave el internamiento de los siguientes bienes nuevos o usados:

- Menaje de casa, con un límite de US$ 30,000
- Un vehículo automotor, de valor hasta de US$ 30, 000
- Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital y los utilizados para el desempeño de profesión, oficio u actividad empresarial, hasta por un límite de US$ 100, 000.

Estos incentivos se perderán en caso los beneficiarios transfieran a favor de terceros los bienes ingresados al país en un plazo menor a los cinco años siguientes del internamiento de los mismos.

Las personas que deseen acogerse a los beneficios deberán acreditar que su retorno se ajusta al objetivo de la Ley, el cual es generar empleo y mayores ingresos para el país. Por tal motivo, se deberá adjuntar a su solicitud lo siguiente: Copia de DNI vigente, presentación de movimiento migratorio, declaración jurada suscrita ante oficina consular manifestando la decisión de residir en el Perú por un plazo no menor a 5 años desarrollando actividades en el país, copia simple del título profesional, declaración jurada de ser propietario de los bienes por ingresar, documentación sustentatoria del valor de los bienes, el proyecto de la actividad profesional, oficio u empresarial a realizar.

Para solicitar la resolución liberatoria no se requiere que el beneficiario cuente con número de RUC, pero si se le exige al momento de nacionalizar las mercancías. El solicitante tendrá 4 meses a partir de su retorno para presentar la solicitud de acogimiento para estos beneficios.

II. LEY Nº 29508
Siguiendo el gran interés del Estado en lograr generar actividades productivas que puedan crear mayor empleo y aumentar la recaudación tributaria, es que se extiende el plazo de la vigencia de los beneficios establecidos, los cuales vencían en marzo del 2010. La Ley Nº 29508 publicada el 12 de marzo de este año modifica la primera disposición final de la ley anterior; así la nueva ley regirá por tres años más, a partir del 13 de marzo del 2010 con el objeto de seguir beneficiando a los ciudadanos peruanos en el exterior.

III. COMENTARIOS
Podemos considerar favorable que se amplíe el uso de esta norma hasta el año 2013, por responder a las diversas necesidades de los ciudadanos peruanos. Es importante recalcar que la idea de muchos compatriotas es ir al exterior para incrementar su patrimonio y regresar al país a desarrollar el capital logrado, esto tiene un impacto directo en el aumento del PBI y en el desarrollo de las empresas nacionales.

Si tiene alguna consulta sobre la ley, nuestra especialista en el tema, la Dra. Paredes podrá absolverla en la siguiente información de contacto:

Gisella Paredes Cores

Estudio Manini, Abogados

Los Castaños 335 - San Isidro - Lima 27 - Perú

Tel. (511) 442-0848 / Fax. (511) 221-1688

paredes@estudiomanini.com

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Los Métodos Abusivos en las Cobranzas de deudas de los Consumidores, según el nuevo Código del Consumidor

2010-10-05T16:31:00.004-05:00

El 02 de Setiembre del presente año, el diario Oficial El Peruano, publicó la Ley Nº 29571 que es el tan esperado Código de Protección y Defensa del Consumidor, el mismo que entra en vigencia 30 días después de su publicación, es decir desde este 03 de Octubre, con excepción de algunas disposiciones que serán reglamentadas en un plazo de 180 días desde la vigencia de la citada norma.

Al respecto, es preciso revisar las normas del presente Código para así cumplir con sus obligaciones y evitar el pago de multas por infracciones que pueden llegar hasta 450 UIT (1 millón 620 mil nuevos soles).

En ese sentido, en el artículo 62º referido sobre los métodos abusivos en las cobranzas, es importante tener en consideración que está prohibido enviar al deudor o a su garante documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales. A esta restricción habría que ponerle especial atención para las futuras cartas de cobranza extrajudicial, que se expidan a partir de la fecha, teniendo el cuidado de no darle ninguna apariencia de ultimátum o amenaza al deudor en caso no pagase su deuda, para no incurrir en esa infracción.

También está considerado infracción al Código de Consumidor:

Realizar llamadas telefónicas en los horarios comprendidos entre las 20:00 y 07:00 ó en los días sábados, domingos o feriados, colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el domicilio del deudor o del garante; ubicar a personas con carteles alusivos a la deuda con vestimenta inusual o medios similares en las inmediaciones del domicilio del deudor o su centro de trabajo.
Difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial.
El artículo 62º también señala la prohibición de enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a la deuda del consumidor; sobre esta restricción se puede afirmar que está relacionada también al envío de cartas de cobranza extrajudicial a los domicilios de los familiares más cercanos del deudor a modo de ejercer una mayor presión para el pago.
En tal virtud, las empresas para cumplir con los estándares que plantea el nuevo Código de Consumo, deberán suprimir ciertos términos de carácter coercitivo a sus cartas de cobranza previamente redactadas. Asimismo, deberán limitarse a enviar los documentos de cobranza única y exclusivamente al deudor o su garante si lo hubiere, salvo que este haya consignado en el contrato que originó la deuda, algún otro domicilio.

CONCLUSIÓN
El Código de Consumo ya está vigente desde el pasado 03 de octubre, por lo que las compañías deben tener cuidado en no incurrir en las infracciones señaladas anteriormente.

Por: David Torres Barreto y Arturo Mendoza Jugo

Si tiene dudas de cómo redactar sus cartas de cobranzas, nuestro estudio de abogados podrá ayudarlo a cumplir con todos los requisitos, por lo que no dude en ponerse comunicarse con nosotros a la siguiente información de contacto:

David Angel Torres Barreto
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Imagen: Obtenida de internet

La recolección de datos personales en la web por parte de las empresas, a propósito del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales

2010-10-01T10:19:00.007-05:00

Hace poco el Congreso de la República del Perú publicó el Proyecto de Ley N° 04079/2009-PE, referente al proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

La propuesta de ley se encuentra a la fecha en la Comisión de Constitución para el dictamen respectivo, el cual cuenta con 2 oficios del Primer Ministro solicitando su aprobación como un tema urgente.

Al respecto debemos decir que la ley busca proteger los datos personales del público en general que se encuentren almacenados en bancos de datos sean públicos o privados que sean susceptibles de tratamiento, ósea de cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales.

DEL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Como regla general el artículo 13.5 de la ley establece que los datos personales sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento de su titular, o salvo que la ley lo autorice lo contrario.

Ósea, ninguna compañía podría recolectar datos de nadie sin que la persona conozca que están recolectando sus datos para determinado propósito, para lo cual deberá prestar su consentimiento.

DE LA RECOLECCION DE DATOS PERSONALES A TRAVES DE PAGINAS WEB
La modernidad ha traído consigo que las empresas puedan vender o exhibir productos a través de páginas webs, donde es común llenar formularios para recibir mayor información del producto, donde el usuario consigna datos personales.

Al respecto, el artículo 18 del proyecto de ley establece que es un derecho del titular de los datos personales a ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre la finalidad de sus datos personales de cómo serán tratados y como serán almacenados, y quienes podrán accesarla, etc; lo cual alcanza en este caso a la información que se recolecte por internet.

El artículo 18 ya mencionado prescribe que sus requisitos de seguridad y consentimiento pueden ser satisfechos mediante la publicación de “políticas de privacidad” en la propia página web, la misma que deberán ser de fácil acceso, como por ejemplo puesta en un link en un lugar destacable.

En tal virtud, las empresas para cumplir con los estándares de la ley deberán incluir en sus páginas webs un link que lleve a los usuarios a sus “Políticas de Privacidad”, lo cual deberá ser redactado de manera tal que cubra los alcances de la ley.

DE LA CAPACIDAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
El proyecto de ley crea a la “Autoridad Nacional de Proteccion de Datos Personales” como ente rector y encargado de hacer cumplir la ley.

El Artículo 37 del proyecto prescribe que el procedimiento sancionador puede ser iniciado de oficio o por denuncia de parte, sea por acción u omisión que contravenga las disposiciones de la ley y su reglamento.

Las sanciones, en este sentido son pecuniarias, estableciéndose una gradación de faltas leves, graves y muy graves.

Las multas para las faltas leves son entre S./ 1,800 a S./18,000 nuevos soles. Para las faltas graves entre S./ 18,000 y S./ 180,000 nuevos soles; y para las faltas muy graves entre S/. 180,000 a S./ 360,000 nuevos soles.

En ningún caso la multa impuesta podrá exceder el 10% de los ingresos brutos anuales del multado.

DE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PROYECTO DE LEY SE CONVIERTA EN LEY
Existen altas posibilidades que este proyecto de ley se convierta finalmente en ley, dado que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo, y en 3 meses desde su envió al Congreso para su discusión, el Primer Ministro ha enviado 2 cartas solicitando su aprobación urgente.

Esta urgencia del gobierno se debe a que para poder implementar acuerdos comerciales con la Comunidad Europea, esta requiere que el país donde se podrían transmitir datos personales, tenga una ley efectiva de protección de datos, tal como ellos lo tienen.

CONCLUSION
Este proyecto de ley cuenta con altas probabilidades de ser ley, por lo que las exigencias de la ley serán muchas a las empresas, como este caso de la captura de datos personales a través de páginas webs.

Nuestro estudio de abogados podrá ayudarlo a cumplir con todos los requisitos, por lo que no dude en ponerse comunicarse con nosotros a la siguiente información de contacto con el especialista en el tema:

David Angel Torres Barreto
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SUNAT ahora podra notificar a través de medios electrónicos, tome sus precauciones

2010-09-01T12:07:00.005-05:00

Mediante la publicación de la R.S. 234-2010/SUNAT, vigente a partir del 01.10.2010, la Administración Tributaria ha vuelto a modificar y ampliar los actos administrativos que pueden ser notificados al contribuyente por medio electrónico.

Para estos efectos, debemos partir recordando que mediante la R.S. Nº 014-2008/SUNAT se aprobó el sistema de notificaciones de la SUNAT a los deudores tributarios por medio electrónico, esto es, a través de las Notificaciones SOL, por el cual la SUNAT podrá notificar sus actos administrativos a los deudores tributarios.

Este sistema de Notificaciones SOL se encuentra implementado a través de SUNAT Operaciones en Línea, sistema regulado por la R.S. Nº 109-2000/SUNAT y normas modificatorias, el cual permite realizar operaciones en forma telemática entre el Usuario (Deudor Tributario) y la Administración Tributaria.

Con el propósito de hacer efectivas las referidas notificaciones, dentro del sistema de Operaciones en Línea se implementó una sección denominada “Buzón Electrónico”, donde la SUNAT deposita las copias de los actos administrativos a los que se refiere el Anexo de la R.S. 014-2008 y modificatorias, así como comunicaciones de tipo informativo.

En cuanto a la validez de este tipo de notificaciones, conforme a lo previsto en la R.S. Nº 014-2008, modificada por la R.S. Nº 135-2009, el depósito de la notificación en el Buzón Electrónico se realiza registrándose la fecha en que se produjo, por lo que se considera válida dicha notificación y surte efectos al día hábil siguiente a la fecha del depósito del documento, de conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 104 y el artículo 106 del Código Tributario. En ese sentido, la R.S. Nº 1-2009 dispone que los deudores tributarios deberán consultar periódicamente su buzón electrónico a efecto de tomar conocimiento de los actos administrativos notificados a través de Notificaciones SOL.

En este punto debemos precisar que si bien las normas en referencia establecen la afiliación voluntaria al sistema de Notificaciones SOL, de acuerdo con sus disposiciones dicha afiliación no es requerida para determinados actos administrativos, los cuales pueden ser notificados sin la referida autorización, conforme al listado detallado en el Anexo de la R.S. 014-2008 y normas modificatorias.

Ahora bien, la importancia de las modificaciones recientemente introducidas por la R.S. Nº 234-2010 estriba en la ampliación de los actos de la SUNAT que pueden ser notificados a través del sistema de Notificaciones SOL y que además prescinden de la afiliación al sistema del deudor tributario para que se lleve a cabo por el mencionado mecanismo.

En tal virtud, dada la relevancia del tema, procedemos a hacer referencia al Anexo de la R.S. Nº 014-2008 con las modificaciones dispuestas por las R.S. Nºs. 1-2009, 135-2009, 3-2010 y 234-2010:

Corresponde a los contribuyentes, de acuerdo con el sistema de notificaciones establecido por la SUNAT, verificar diariamente las notificaciones efectuadas al Buzón Electrónico a efectos de evitar que los plazos para efectuar los descargos o impugnar los actos administrativos a los que se refiere el Anexo en cuestión hayan concluido.

Jaime Bisbal Vivanco
Estudio Manini & Asociados
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Licitacion: Contratarán consultor para estudio de como mejorar navegabilidad en ríos de la selva peruana

2010-08-19T12:21:00.004-05:00

Tenga en cuenta el 24 de setiembre se otorgará la buena pro

Lima, ago. 19 (ANDINA). La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó hoy que contratará a un consultor que se encargue de elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas.

El Comité permanente de Contrataciones y Adquisiciones de ProInversión hizo hoy la convocatoria del concurso público y de las bases del proceso.

Los interesados en participar podrán realizar las consultas a las bases del concurso hasta el 3 de setiembre y ProInversión tendrá plazo para absolverlas hasta el 8 de setiembre.

Asimismo se estableció que el 20 de setiembre se tiene previsto recibir los sobres N° 1 (precalificación), N° 2 (oferta técnica) y N° 3 (oferta económica) de las empresas consultoras que deseen realizar el estudio.

En esa misma fecha se realizará el acto de apertura de los sobres N° 1 y N° 2, los cuales serán evaluados por ProInversión.

Mientras que el 24 de setiembre se tiene previsto comunicar los resultados de la evaluación, realizar la apertura de los sobres con las ofertas económicas y proceder con la adjudicación e la buena pro.

Si usted necesita asesoria de como participar de las licitaciones que promueve el Estado Peruano, el Dr. Manini con gusto puede absolver sus consultas en la siguiente dirección de contacto:

Jorge Manini Chung
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El dólar en Lima podría fluctuar entre S/. 2.75 y 2.85 entre agosto - diciembre 2010 y parte del 2011

2010-08-18T09:38:00.003-05:00

Lima, ago. 17 (ANDINA). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera que el dólar podría situarse en 2.80 nuevos soles como promedio en los siguientes meses, este año y el próximo, pudiendo fluctuar entre 2.75 y 2.85 soles, señaló hoy el viceministro de Economía, Carlos Casas.

Indicó que los estimados del MEF en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) son que el tipo de cambio se mantendrá en 2.80 soles como promedio este año y el próximo.

“Hay volatilidad en el tipo de cambio pero se pretende eliminarla manteniéndola cerca de 2.80 soles si fuera el caso”, manifestó.

Mencionó que en agosto y setiembre el MEF podría comprar 100 millones de dólares en el mercado cambiario para ayudar al Banco Central de Reserva (BCR) a atenuar la volatilidad del tipo de cambio.

Asimismo, anotó que el tema electoral no afectará mayormente el tipo de cambio, lo que se refleja en el dinamismo de las inversiones que en el primer semestre del 2010 crecieron más de 20 por ciento.

“Uno esperaría que la inversión privada estuviera cayendo, dadas las elecciones del próximo año, pero la recuperación de inventarios ha favorecido que la inversión privada crezca más de 20 por ciento en el primer semestre del año”, dijo.

Destacó que este desempeño de la inversión privada en los primeros seis meses del año, da la idea de que esta tendencia se va a mantener el próximo año.

Comentó, asimismo, que la inversión pública se mantendría este año en 6.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

De otro lado, el viceministro adelantó que en setiembre podría tenerse una propuesta respecto al aumento a los policías.

Si tiene preguntas como la fluctuacion del dolar podria afectar a su negocio, con gusto el Dr. Manini pueder absolverlas en la siguiente direccion de contacto:

Jorge Manini Chung
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40 municipios de Lima y Callao se ajustan a la ley reduciendo requisitos para dar licencias de funcionamiento

2010-08-18T09:28:00.002-05:00

Lima, ago. 17 (ANDINA). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó hoy que ha verificado que 40 municipalidades de Lima y Callao se adecuaron a la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, la cual reduce los requisitos para otorgarlas.

El secretario técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, Javier Rizo-Patrón, indicó que ese fue el resultado de 25 procesos de verificación que hizo el Indecopi entre los municipios de Lima y Callao en lo que va del año.

“Tenemos un grupo (nueve municipios) que no cumple y como tienen requisitos adicionales establecidos en ordenanzas municipales, vamos a derivar el tema a la Defensoría del Pueblo para que decida si nos apoya en eliminar esos requisitos que van más allá de la ley”, señaló.

Recordó que el año pasado se tuvo que sólo diez municipios, de los 49 que hay en Lima y Callao, cumplían con exigir los requisitos máximos que establece la ley, mientras que 39 exigían requisitos adicionales pero que no son necesarios para evaluar la entrega de una licencia.

Indicó que desde la publicación de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley N° 28976) en el 2008, el Indecopi ha monitoreado su cumplimiento y en una primera etapa se dio información a 495 municipalidades del interior del país para que conozcan las bondades de la norma y la puedan aplicar.

“Ya en el 2009 iniciamos la fiscalización del cumplimiento de esta ley y supervisamos el tema de los requisitos (para dar licencias de funcionamiento) porque en muchos casos se convierten en freno para que los micro y pequeños empresarios puedan acceder al mercado”, aseveró.

También mencionó que pronto la Comisión de Barreras Burocráticas culminará un informe sobre el nivel de cumplimiento en las 49 municipalidades de Lima y Callao del Decreto Legislativo N° 1014.

Ese decreto legislativo, publicado en el 2008, estableció medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura.

Como parte de dichas medidas, se estableció que la tasa por el procedimiento de conexión domiciliaria de servicios públicos no debía superar el uno por ciento de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Asimismo, Rizo-Patrón manifestó que el Indecopi espera que pronto salga el fallo del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La demanda se hizo en contra el artículo 3 de la Ley N° 28996 y que establece que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas tiene la facultad de declarar la inaplicación las barreras burocráticas ilegales.

“Estamos sumamente alertas porque, si esta demanda tiene asidero, prácticamente la labor del Indecopi va a dejar de ser eficaz, esto es sumamente riesgoso”, advirtió.

Si tiene un problema con su licencia de funcionamiento, con gusto el Dr. Torres podrá ayudarlo en la siguiente direccion de contacto:

David Angel Torres Barreto
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Tlfs : (51-1) 442-0848, 442-5098, 442-1324, 442-1261
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Email : torres@estudiomanini.com
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La casilla electrónica en los procesos contenciosos administrativos

2010-08-16T17:49:00.005-05:00

El primer párrafo del Artículo 26º del Decreto Legislativo 1067 que modifica diversos artículos de la Ley 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectuarán mediante sistemas de comunicación electrónicos o telemáticos, tales como el correo electrónico, internet u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción. Asimismo, dispone que para efectos de la notificación electrónica las partes deban consignar en la demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios. Adicionalmente a ello, para la implementación del mencionado mecanismo de notificación, en la cuarta disposición complementaria del precitado decreto legislativo se dispuso que el Poder Judicial se encargará de implementar los mecanismos de seguridad que se requieran para la operatividad de las notificaciones electrónicas y el funcionamiento de uno o más servidores de correo electrónicos seguros.

Al respecto, la implementación de las notificaciones electrónicas en los procesos contenciosos administrativos no se está llevando de manera uniforme en todos los Juzgados Contenciosos Administrativos, pese a la Resolución Administrativa Nº356-2009-CE-PJ. Al calificar las demandas contenciosas administrativas, no existe uniformidad de criterio en cuanto a la consignación obligatoria de la casilla electrónica proporcionada gratuitamente por el Poder Judicial, toda vez que algunos Jueces obvian esta obligatoriedad y admiten demandas y/o contestaciones de demanda sin que se haya consignado la casilla electrónica. Ahora bien, algunos puntos importantes a tomar en cuenta son los siguientes: si el litigante consigna la casilla procesal y luego la casilla electrónica, y la sentencia se notifica a las 2 casillas ¿desde cuándo se computa el plazo para apelar? si se consigna la casilla electrónica, la casilla procesal señalada en autos dejará de tener validez para efectos de las notificaciones? Interrogantes que deberían ser absueltas por el Poder Judicial, teniendo en consideración que no existe uniformidad de criterio en este tema. El Poder Judicial antes de adoptar las medidas técnicas tendientes a garantizar el debido funcionamiento de las casillas electrónicas, debe preocuparse por adoptar las medidas tendientes a difundir el uso de las casillas electrónicas.

Si tiene alguna consulta sobre algun aspecto procesal civil, con gusto la Dra. Miranda le responderá en la siguiente direccion de contacto:

Graciela Miranda Arevalo
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Peru incrementa exportacion de aceite de oliva en 134.4% en el primer semestre 2010

2010-08-13T14:34:00.003-05:00

Lima, ago. 13 (ANDINA). Las exportaciones peruanas de aceite de oliva se expandieron 134.4 por ciento hasta 637,500 dólares y en volumen crecieron 53 por ciento hasta 178.6 toneladas métricas (TM) durante el primer semestre del 2010, informó hoy la consultora Maximixe.

Este incremento se explica por la mayor demanda de Canadá, Japón y Colombia, plazas que concentran el 27.1, 24.7 y 23.3 por ciento de la oferta exportable, respectivamente.

La incursión a Australia contribuyó en parte a incrementar la oferta del producto; asimismo, se han enviado muestras a Noruega, por lo que se estima que nuevas empresas ingresen a dicho mercado.

La mayor aceptación del producto gracias a su gran calidad, está permitiendo que las exportaciones crezcan fuertemente, señaló.

En el 2009 las exportaciones de aceite de oliva lograron sobrepasar el millón de dólares, alcanzando la cifra de 1.1 millones, 89.5 por ciento más que el año anterior.

El fuerte avance en las exportaciones estuvo sustentado en la mayor demanda de Japón, que reportó más de 8,000 por ciento de crecimiento en el volumen exportado.

Los envíos a Canadá mostró un crecimiento de 1,575.2 por ciento, Estados Unidos (554.8 por ciento), Brasil (345.5 por ciento), Ecuador (343.5 por ciento) y España (168.5 por ciento).

Resaltó que esta última plaza concentró el 45.5 por ciento de la oferta exportable.

Las principales empresas exportadoras son Ecolives & Foods, con 29.3 por ciento de participación en el volumen exportado, Marcahuasi (22.8 por ciento) e Inkas Valley (21.9 por ciento).

Jorge Manini Chung
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Se aprueba por unanimidad nuevo Código de Consumo en el Perú

2010-08-12T15:46:00.006-05:00

Lima, ago. 12 (ANDINA). El Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, norma que evitará los abusos en la prestación de servicios y bienes, además de establecer los mecanismos para no ser víctima de estas prácticas.
El dictamen fue sancionado, en primera votación, con 80 votos a favor, y se le exoneró del requisito de segunda votación.

El código, que entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, consta de 160 artículos, cuatro disposiciones complementarias finales, tres disposiciones modificatorias, una transitoria y dos disposiciones complementarias derogatorias.

Sus capítulos contienen normas referidas la información que deben recibir los consumidores; su protección frente a la publicidad; la idoneidad de los productos y servicios; la salud y seguridad de los consumidores, tanto en lo referente a bienes y servicios como en los alimentos; los contratos, las cláusulas abusivas y los métodos comerciales abusivos, coercitivos y agresivos o engañosos.

Igualmente, define y norma los servicios públicos regulados; los productos o servicios de salud, educativos, inmobiliarios y financieros; además de los servicios de créditos que prestan empresas no supervisadas por la SBS, y establece las responsabilidades (civiles y administrativas) y las sanciones.

Por otro lado, norma el procedimiento sancionador y sumarísimo de protección al consumidor; crea el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, dentro del ámbito de la PCM y presidido por el Indecopi.

Además, establece diversas formas de responsabilidad y las sanciones para cada caso; precisa los derechos de los consumidores a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, o la devolución de la contraprestación, según los casos: la devolución de lo pagado en exceso o una indemnización, etcétera.

Según los casos de incumplimiento por parte del proveedor, éste podría recibir multas que en ningún caso serían menores a una UIT.

Establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores dentro del marco del artículo 65° de la Constitución Política del Perú y en un régimen de una economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título III.

Su finalidad es que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos, y que gocen de los derechos y mecanismos efectivos para su protección; así como reducir la asimetría informativa y corregir o prevenir las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.

De igual forma, se orienta a proteger al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta, sus disposiciones se aplicarán a las relaciones de consumo que se celebren en el territorio nacional o cuando sus efectos se produzcan dentro de él; y en sus alcances están comprendidas las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

El Código de Consumo define a los consumidores o usuarios como las personas naturales o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales productos o servicios materiales o inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Igualmente define a los proveedores como las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.

En tal definición están considerados los distribuidores o comerciantes, productores o fabricantes, importadores y prestadores de servicios.

En su título preliminar, el código establece que se sujetará a los siguientes principios: de soberanía del consumidor; proconsumidor, para que en cualquier campo de su actuación el Estado ejerza una acción tuitiva a su favor; de transparencia; de corrección de la asimetría, de buena fe, de protección mínima; proasociativo, para que el Estado facilite la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios; y principio de primacía de la realidad.

También fija los derechos de los consumidores y la relación consumidor-proveedor, en que se establecen los derechos de los consumidores, la información que deben recibir, su protección frente a la publicidad y sobre la idoneidad de los productos y servicios, entre otros.

No a cláusulas abusivas
El código señala que sus disposiciones serán aplicables a todos los contratos de consumo que sean celebrados por cualquier modalidad o forma; y precisa que la oferta, promoción y publicidad, las características y funciones propias del producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas obligan a los proveedores y serán exigibles por los consumidores.

También norma sobre la protección mínima del contrato de consumo, en el que se deberá constar por escrito o en algún otro tipo de soporte, en forma inequívoca, la voluntad de contratar del consumidor.

Establece que no podrán incluirse cláusulas ni ejercerse prácticas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor; y en los casos de formularios contractuales, sus caracteres deberán ser adecuadamente legibles para los consumidores, por lo que no deberán ser inferiores a tres milímetros, con una redacción fácil de comprender.

De igual forma, considera cláusulas abusivas las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato sin comunicación previa, o poner fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable; o lo autorice a prorrogar o renovar el contrato de forma unilateral.

También se refiere a las llamadas "cláusulas abusivas ineficaces", las cuales serán inaplicadas por la autoridad administrativa, entre otros alcances.

Si tiene una consulta sobre como afecta esta nueva ley en su negocio, el Dr. Manini con gusto podrá absolver sus dudas en la siguiente informacion de contacto:

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Economía peruana crecerá por encima de 6% este 2010

2010-08-12T11:00:00.003-05:00

Lima, ago. 12 (ANDINA). La ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, informó hoy que en estos momentos la economía peruana está creciendo a un ritmo acelerado y podría registrar un aumento superior al seis por ciento en el 2010.

“Estamos revisando nuestra expectativa de crecimiento en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) y va a estar probablemente alrededor o un poco por encima del seis por ciento”, refirió en RPP.

Asimismo, indicó que las inversiones del sector privado, incluyendo cambios en los inventarios de las empresas, en el primer semestre del 2010 crecieron en 27 por ciento.

Agregó que esa inversión fue acompañada por el esfuerzo del sector público por impulsar sus inversiones y que registró un aumento de 38 por ciento en todos los niveles de gobierno.

La ministra reconoció que el gasto en bienes y servicios del sector público ha tenido un aumento en el primer semestre pero buena parte es explicada por actividades de operación y mantenimiento de infraestructura.

“Si hago carreteras tengo que mantenerlas, tengo que hacerlas que operen adecuadamente porque sino volvemos a tener el desperdicio que usualmente tenemos en el uso de nuestra inversión pública”, comentó.

Asimismo, reiteró que el MEF está en una tarea de cambios estructurales como propiciar más inversión pública, lo cual se irá reflejando en una mayor integración de las personas con servicios como telefonía rural, electrificación rural, Internet rural y carreteras.

“Un nuevo sol de inversión pública va a representar unos 50 céntimos más de inversión privada y eso dinamiza el mercado interno, lo que nos ayudará a evitar problemas de depender tanto del mercado externo antes las fluctuaciones en materia de precios”, manifestó.

Añadió que el alza del precio internacional del trigo, producto que importa el Perú, se podría solucionar luego que Canadá anuncie una expansión de su producción, así como en otros países abastecedores como Argentina.

“Con esto esperamos que no haya grandes movimientos en el precio sino que se vaya a estabilizar y por lo tanto no va haber aumentos en el precio del pan”, aseveró.

Si tiene una consulta sobre el impacto de la economia en su negocio o probable inversion, el Dr. Manini con gusto podrá atenderlo en la siguiente direccion de contacto:

El 31 de Agosto del 2010 Pro Inversión otorgará buena pro de banda ancha rural para Puno y Madre de Dios

2010-08-11T10:38:00.005-05:00

Lima, ago. 11 (ANDINA). La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó hoy que el 31 de agosto se realizará la entrega de la buena pro de la concesión de los proyectos Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán – Puerto Maldonado y Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca – San Gabán, ubicados en las regiones de Puno y Madre de Dios.

El Comité de ProInversión en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos (Pro Conectividad) indicó que esta es la segunda convocatoria que se realiza para este proyecto luego que fue declarado desierto el 26 de julio debido a que los postores no cumplieron con presentar el plan financiero especificado en las bases.

El comité indicó que hasta el 12 de agosto se recibirán las consultas de los interesados a las nuevas bases del proceso, así como las sugerencias al proyecto de contrato de financiamiento.

ProInversión podrá dar respuesta a las consultas sobre las bases hasta el 19 de agosto, fecha en la que también deberá entregar a los postores la versión final del contrato de financiamiento.

Asimismo, quedó establecido que los postores interesados en adjudicarse el proyecto podrán presentar sus documentos de precalificación (Sobre N° 1) hasta el 20 de agosto.

Mientras que el 24 de agosto se tiene previsto realizar la ceremonia de recepción de los sobres N° 2 (oferta técnica) y N° 3 (oferta económica).

El proyecto consiste en implementar una red de fibra óptica de 471 kilómetros que brindará servicios públicos de telecomunicaciones a 370 localidades rurales de las regiones Puno y Madre de Dios.

El ganador de la buena pro deberá proveer toda la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telecomunicaciones requeridos como telefonía fija pública y de abonados, así como acceso a Internet, en las localidades rurales.

Asimismo, deberá desarrollar actividades de capacitación en el uso de los servicios instalados, así como el desarrollo de páginas web, instalación de cabinas de Internet, etc.

El Estado, a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), proveerá un financiamiento no reembolsable para la ejecución del proyecto.

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Exportaciones de cebollas frescas crecen 255.8% en primer semestre

2010-08-10T10:35:00.005-05:00

Lima, ago. 10 (ANDINA). Las exportaciones peruanas de cebolla sumaron 5.6 millones de dólares en el primer semestre del 2010, creciendo 255.8 por ciento por las mayores ventas a España, que aumentaron en 721.7 por ciento en valor, seguido de Estados Unidos (301.3 por ciento) y Colombia (146.3 por ciento), reportó hoy la consultora Maximixe.

Las principales empresas exportadoras en el primer semestre son: Empresa Export & Import Marerose (22.3 por ciento de participación), Ruiz Becerra (19.3 por ciento), Procesadora Mejía (8.8 por ciento), Agroexport María Isabel (7.5 por ciento) y Andean Produce (cinco por ciento).

En el 2009 las exportaciones de cebollas frescas crecieron 31.1 por ciento hasta 27.9 millones de dólares y en volumen avanzaron 40.9 por ciento hasta 101,300 toneladas métricas (TM).

El fuerte avance de las exportaciones estuvo explicado por la mayor demanda de Chile, con más de 1,000 por ciento de crecimiento en el volumen exportado, Colombia (84.1 por ciento) y Estados Unidos (28.3 por ciento).

Dichas plazas concentraron el 94.7 por ciento de la oferta exportable durante el 2009, siendo el principal mercado Estados Unidos (66.4 por ciento de participación), al cual se envía principalmente cebolla amarilla dulce fresca.

Perú posee un clima adecuado para la producción de la cebolla amarilla dulce, producto de gran aceptación y uso en la gastronomía estadounidense.

La principal zona productora de cebolla amarilla dulce es Ica, que aporta más del 70 por ciento de la producción, también se cultiva en los valles del sur del país y, en mucho menor medida, en el norte.

Perú, al igual que Bolivia, debe enfocarse en orientar su producción hacia la exportación de cebolla amarrilla dulce orgánica, la cual tiene un mayor valor agregado, señaló la consultora.

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La importancia de los certificados de zonificación para las empresas en el Peru

2010-08-09T15:13:00.001-05:00

Producto de nuestra experiencia profesional, hemos observado la tendencia de muchos ejecutivos de empresas, que cuando desean o les gusta un local para su empresa, lo alquilan o compran si hacer un mayor análisis, más allá de quien es el propietario o si tiene cargas o gravámenes, dejando de lado el tema de la zonificación del inmueble.

En efecto, tan importante como saber quién es el propietario o si la propiedad que le interesa a la empresa está sin cargas o gravámenes, es importante conocer la ZONIFICACION del inmueble, que se entiende como el USO autorizado del suelo por parte de la municipalidad respectiva.

La zonificación es un concepto del planeamiento de las ciudades, donde la autoridad municipal establece donde van las casas y donde van las industrias, etc.; pues de no ser así habría un caos urbano, donde podría haber en ese sentido una escuela junto a una fabrica.

Por ello, hay que tener mucho cuidado al momento de comprar o alquilar un inmueble, ya que antes que nada hay que saber que uso le ha designado la municipalidad al inmueble, es decir si es solo residencial, o puede ser también comercial, y lo más importante es saber la zonificación es compatible con el uso que la empresa quiere darle.

En conclusión, tómese su tiempo de obtener un certificado de zonificación y vías, y no esta demás obtener uno de parámetros urbanísticos y edificatorios si van a ser modificaciones al predio. Si no sabe cómo hacerlo, converse con su abogado para que lo oriente en todo su proceso de compra o alquiler, pues no vaya a ser que después compró o alquiló el predio no pueda usar el mismo para los fines deseados, perdiendo tiempo y dinero a las finales.

SOBRE EL CAMBIO A LA LEGISLACION SOBRE HABILITACIONES URBANAS EN EL TEMA DE LOS CERTIFICADOS DE ZONIFICACION
El 28 de julio pasado fue publicado la en El Peruano, la Ley 29566 cuyo objetivo es dinamizar el sector empresarial en diferentes campos, siendo uno de esos, el sector inmobiliario.

En efecto, el artículo 4 de la mencionada ley modifica el Artículo 14 de la Ley 29090 “Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones”, donde ordena que las municipalidades publiquen de manera gratuita, libre y fácil acceso en el portal web de la municipalidad toda la información a la normativa urbanística, lo cual incluye la zonificación.

Lo establecido por la norma es importante pues hace que el desarrollo de proyectos sea ágil, debiendo tener cuidado que la mera información que obtenga de la página web no le crea un derecho para usted. Si desea saber cómo obtener un derecho para su proyecto en base a la zonificación obtenida vía la web municipal, consúltenos que gustosos lo atenderemos.

Si tiene una consulta, con gusto el Dr. Torres podra asistirlo en la siguiente direccion de contacto:

Ley 29566 permite ahora a la SUNAT hacer fiscalizacion sobre informacion electronica

2010-08-09T15:06:00.001-05:00

Recientemente ha sido publicada la Ley Nº 29566, la cual, entre otras novedades, dispone la modificación del artículo 62 del Código Tributario referido a las facultades de fiscalización conferidas a la Administración Tributaria.

Este cambio viene precedido de las disposiciones establecidas por la R.S.Nº 286-2009/SUNAT, norma que permite a las empresas sujetas al Régimen General del Impuesto a la Renta, sistema que es opcional por ahora, a llevar los libros y registros contables, así como registrar sus operaciones en éstos en forma electrónica a partir del 1 de agosto de 2010.

De acuerdo con las modificaciones del artículo 62 del Código Tributario, se prevé que la SUNAT podrá establecer los deudores tributarios que están obligados a llevar dichos libros y registros contables electrónicos y aquéllos para los cuales este sistema resulta opcional, facultándose que en ambos casos

Ahora bien, respecto a la facultad de fiscalización de la SUNAT, se ha incorporado el numeral 20 al artículo 62 del Código Tributario, estableciéndose que dicha entidad podrá utilizar para tales efectos los libros, registros y documentos de los deudores tributarios que ésta almacene, archive y conserve.

Asimismo, sustituyendo en el numeral 7 del artículo 87 de Código Tributario, se dispone que cuando el deudor tributario haya optado por llevar de manera electrónica los libros, registros o comprobantes de pago, la SUNAT podrá sustituirlo en el almacenamiento, archivo y conservación de los mismos, así como a los demás sujetos que participan en las operaciones por las que se emiten los mencionados documentos.

Finalmente, dicha norma señala que la SUNAT regulará el plazo por el cual almacenará, conservará y archivará los libros, registros y documentos antes mencionados, la forma de acceso a los mismos por el deudor tributario sustituido por la Administración Tributaria en dichas acciones (archivamiento, etc.).

Como podrá observarse, instaurado el Sistema Electrónico de llevado de los Libros y Registros Contables, así como de la emisión de Comprobantes de Pago, y el almacenamiento y archivo de los mismos, se genera un nuevo elemento para llevar a cabo el procedimiento de fiscalización respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Esto dará lugar a una nueva forma entonces de llevarla a cabo frente a los deudores tributarios, esto es, la información contable con incidencia tributaria generada a través del referido sistema estará permanentemente a disposición de la Administración Tributaria, la cual podrá llevar a cabo los cruces de información entre ésta y la información consignada por el deudor tributario en sus Declaraciones Tributarias y la correspondiente a terceros por operaciones realizadas entre éstos.

Téngase en cuenta además que actualmente el método generalmente aplicado por las empresas principalmente es mantener la información contables en la base de datos, siendo ésta impresa en las hojas notarialmente certificadas (Libros y Registros Contables Oficiales) una vez que ha sido verificada la información y efectuados los ajustes respectivos.

Bajo el Sistema Electrónico mencionado, la información consignada de esta manera en los Libros y Registros Electrónicos constituye información oficial del contribuyente y, por lo tanto, susceptible de ser empleada y contrastada por la SUNAT.

Las inconsistencias que se generen entonces entre la información de los Libros y Registros Contables y las Declaraciones Juradas podrá dar lugar incluso a la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Código Tributario.

En ese sentido, corresponde a las empresas considerar la ampliación de las facultades de fiscalización de la SUNAT y establecer controles y sistemas que les permitan una mayor eficiencia y certeza en la información que será cargada en los Libros y Registros Contables Electrónicos.

Si tiene una consulta sobre el tema, con gusto el Dr. Jaime Bisbal podra atenderlo en la siguiente direccion de contacto:

Jaime Bisbal Vivanco
Estudio Manini & Asociados
Los Castaños Nº 335 San Isidro - Lima Perú
Tlfs : (51-1) 442-0848, 442-5098, 442-1324, 442-1261
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Ecopetrol interesado en participar en licitación de 25 lotes petroleros en Perú

2010-08-09T11:46:00.001-05:00

Lima, ago. 09 (ANDINA). La petrolera colombiana Ecopetrol se encuentra interesada en participar en la licitación de 25 lotes petroleros en Perú para la exploración de gas y petróleo, informó su gerente general en Perú, Carlos Rendón.

En mayo Perupetro lanzó la mencionada subasta de lotes, que en su mayoría se ubican en selva, y que demandará una inversión inicial de 1,250 millones de dólares por parte de las empresas que se los adjudiquen.

Los lotes a ser licitados son: 165, 166, 167, 168, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 186 y 187, ubicados en la Cuenca Marañón; los lotes 169, 171, 173, 174, 175, 176, 188 y 189, ubicados en la Cuenca Ucayali; y los lotes 180, 182 y 184 ubicados en la Cuenca Huallaga.

Igualmente, el Lote 172 ubicado en la Cuenca Santiago (Cajamarca – Amazonas - Loreto) y el Lote XXVIII en la Cuenca Sechura (Piura - Lambayeque).

“Hemos analizado esta propuesta pues la idea de Ecopetrol es continuar con su proceso de crecimiento en Perú ya que creemos que el país tiene un gran potencial hidrocarburífero que todavía está subexplorado”, manifestó a la agencia Andina.

Indicó que debido a estas razones, un equipo técnico de la empresa está en pleno proceso de análisis de los lotes que se subastarán en octubre próximo.

“Estamos analizando todo lo que se ha ofrecido y la parte técnica es la que nos guiará para tomar la decisión final pues tenemos gran interés en participar en esta licitación”, sostuvo.

Indicó que a pesar que el cronograma de la subasta es bastante apretado (faltan dos meses), ello no será impedimento para que Ecopetrol participe en el proceso.

“Para las compañías petroleras esta licitación es un reto bastante grande que significa muchas inversiones, costos, pero que detrás de todo alberga mucha esperanza para ampliar el mercado de petróleo y gas en Perú”, añadió.

Mineras invirtieron US$ 1,704 millones durante primer semestre del año

2010-08-09T11:35:00.000-05:00

Lima, ago. 09 (ANDINA). Las inversiones en minería ascendieron a 1,704 millones de dólares durante el primer semestre del 2010, lo que representa un crecimiento de 46.2 por ciento con relación al mismo período del año anterior, en que alcanzaron la cifra de 1,166 millones, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Este incremento pone de manifiesto la confianza que despierta Perú por sus reglas de juego estables y el gran atractivo que ejerce sobre los inversionistas de numerosos países por el potencial minero de que dispone, subrayó.

Del total invertido en el primer semestre, 317 millones de dólares correspondieron a trabajos de infraestructura, 295 millones a equipamiento minero con la más moderna tecnología, 291 millones a las actividades de explotación y 278 millones a trabajos de exploración, incluyendo la búsqueda de nuevos yacimientos, entre otros rubros.

En el mes de mayo se registró el monto más alto de inversión, que fue de 383 millones 969,200 dólares, destacando las iniciativas de Southern Copper Corporation, Compañía Minera Antamina y Xstrata Tintaya, entre otras empresas.

Sólo a los trabajos de exploración se destinaron 51 millones de dólares, manifestó el MEM.

Perú bajó ocho puntos en "Riesgo Pais" a 1.49 puntos porcentuales

2010-08-05T13:53:00.000-05:00

Lima, ago. 05 (ANDINA). Siguiendo la tendencia regional, el riesgo país de Perú bajó ocho puntos básicos pasando de 1.57 puntos porcentuales el martes pasado (3 de agosto) a 1.49 puntos en la víspera (miércoles), según el EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan.

Cabe señalar que el 12 de junio del 2007 Perú registró un nivel mínimo histórico de riesgo país al cerrar en 95 puntos básicos.

El bajo nivel de riesgo país que presenta Perú responde al grado de inversión recibido de las tres principales agencias calificadoras.

El EMBI+ Perú se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense.

Así se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales.

Es decir, el riesgo país es el índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) que mide el grado de "peligro" que entraña un país para las inversiones extranjeras.

Las principales consecuencias de un alto nivel del riesgo país son una merma de las inversiones extranjeras y un crecimiento económico menor y todo esto puede significar desocupación y bajos salarios para la población.

Para los inversores este índice es una orientación pues implica que el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado país es más o menos alto.

Cuanto mayor es el riesgo menos proyectos de inversión son capaces de obtener una rentabilidad acorde con los fondos colocados y cuanto menor sea este índice el país se hace más atractivo para los inversionistas.

Inpex de Japón participara en Lote 117 de Hidrocarburos

2010-08-05T13:45:00.000-05:00

Lima, ago. 05 (ANDINA). La gigante Inpex de Japón concretó hoy su ingreso al sector de hidrocarburos peruano, a través de su filial Inpex North Perú, al acordar con Petrobras su ingreso al Lote 117 tomando la empresa japonesa una participación de 25 por ciento que le cede la empresa brasileña.

De esta manera, Petrobras quedará en este lote con el 50 por ciento de participación, Ecopetrol de Colombia mantendrá su 25 por ciento e Inpex ingresará con un 25 por ciento.

Para ello Perupetro suscribió hoy con dichas empresas la cesión de posición contractual del contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 117.

El Lote 117, ubicado en la Cuenca del Marañón en los límites con Ecuador y Colombia, fue adjudicado a Petrobras en el año 2006 y se encuentra en el tercer período de su fase exploratoria.

El presidente de Perupetro, Daniel Saba, indicó que las expectativas en el desarrollo del lote son muy grandes, y podrán ser alcanzadas por las grandes empresas que se han unido para este objetivo.

“Sabíamos desde hace algún tiempo que una empresa grande vendría a este lote, nunca supimos cuál era, pero estamos contentos que sea Inpex”, declaró a la agencia Andina.

Señaló que con el esfuerzo de las tres empresas asociadas, en un plazo razonable se tendrán resultados interesantes que anunciar al mercado.

Cabe recordar que Inpex es la primera empresa japonesa que ingresa al sector de hidrocarburos peruano, atraída por el potencial petrolero y gasífero.

El gobierno japonés tiene una participación de 20 por ciento en Inpex Corporation.

Las operaciones de Inpex incluyen la adquisición de licencias para yacimientos de petróleo y gas, exploración, producción y la venta de petróleo y gas natural.

La compañía tiene operaciones comerciales que cubren cerca de 70 proyectos en 26 países a nivel mundial, y sólo en América tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, Surinam, Brasil, Ecuador y Venezuela.

En Venezuela forma parte de un consorcio integrado por Chevron, Mitsubishi y Suelopetrol, en alianza con Petróleos de Venezuela (PDVSA), para operar en el área de Carabobo, en la faja petrolífera del Orinoco.

MTPE multará a aerolíneas que operan en Nazca por no incorporar a trabajadores en planilla

2010-08-05T10:00:00.001-05:00

Lima, ago. 04 (ANDINA). El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó hoy que ha entregado a tres aerolíneas que operan en Nazca (Ica) propuestas de multas que en conjunto superan los 27,000 nuevos soles por no incorporar a sus trabajadores a planillas.
Precisó que las empresas aéreas que incumplen las normas sociolaborales son Taxi Aéreo Ejecutivo, a la que se multaría con 5,400 soles por; Alas Peruanas, a la que se multaría con 15,516 soles; y, Travel Air a la que se multaría con 6,336 soles.

Explicó que con las inspecciones laborales que eL MTPE realizó, ingresaron a planilla 49 trabajadores que laboran en nueve empresas vinculadas al transporte aéreo en Nazca, con lo cual tendrán acceso a sus derechos laborales.

De las 12 empresas investigadas, nueve cumplieron con ingresar a la nómina a sus trabajadores, acatando la disposición de la autoridad laboral, mientras que las tres restantes recibieron las mencionadas propuestas de multas.

Regularizaron la situación del personal: Aero Palcazo, Air Majoro, Alas de América, Mantenimiento y Servicios de Aviación El Peregrino, Air Nasca, Aerodiana, Transporte Aéreo Expreso Moche, Aeroparacas y Aéreo Servicios Santos.

Señaló que un equipo de inspectores fueron destacados temporalmente a la región Ica para fiscalizar las condiciones de trabajo de quienes laboran en las empresas relacionadas al transporte aéreo en Nazca, la mayoría de las cuales sobrevuelan las Líneas de Nazca transportando turistas nacionales y extranjeros.

BID prevé aprobar créditos para diversos proyectos en Perú por más de US$ 600 millones en el 2011

2010-08-05T09:55:00.000-05:00

Lima, ago. 04 (ANDINA). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé aprobar créditos para diversos proyectos en Perú por más de 600 millones de dólares en el 2011, manifestó hoy su representante en el país, Fidel Jaramillo.

“Este año el BID tiene un programa de aprobaciones de alrededor de 650 millones de dólares, y el próximo año podría ascender a un monto similar, de más de 600 millones de dólares, incluyendo al sector público y privado”, señaló.

Indicó que los préstamos de la multilateral a Perú durante el 2010 se han dirigido a financiar diversos proyectos de los ámbitos público y privado, principalmente en los sectores sociales, medio ambiente, cambio climático, agua, saneamiento, recursos hídricos y competitividad.

“El BID apoya básicamente al sector infraestructura, transporte y energía, sin embargo, ahora pondremos un nuevo énfasis en los proyectos de cambio climático, agua potable y saneamiento. Esas son nuestras nuevas prioridades”, señaló.

Precisó que durante el 2009 los créditos del BID sumaron unos 540 millones de dólares, en 470 millones para el Sector Público y 70 millones para el privado.

Sin embargo, este año los aportes subieron considerablemente por una nueva operación que hizo la multilateral para el manejo de desastres naturales.

Asimismo, indicó que en la actualidad el BID tiene una cartera de créditos aprobados para Perú de 4,000 millones de dólares que lo convierten en la principal fuente de financiamiento multilateral en el país.

“El BID tiene 4,000 millones de dólares como saldo de crédito en Perú, que corresponde al 46 por ciento de todo el financiamiento de las instituciones multilaterales de crédito en el país”, sostuvo.

Jaramillo asistió a la presentación del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gobierno y Gestión en Empresas Familiares en la sede de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Explicó que este programa busca desarrollar y establecer un modelo de gestión y gobierno corporativo en estas unidades, de acuerdo a sus propias necesidades y expectativas de desarrollo.

Las empresas que se inscriban pasarán por un proceso de evaluación permanente, y luego de diagnosticarlas recibirán asistencia técnica para adecuar e implantar un sistema de gobierno corporativo que incluya un protocolo familiar a la medida, comentó.

El Impuesto a la Renta sobre los ingresos generados por la enajenación indirecta de acciones y participaciones para evitar prácticas elusivas

2010-08-03T10:38:00.001-05:00

El Poder Ejecutivo remitio un proyecto de ley al Congreso por el que pretende gravar con el Impuesto a la Renta inicialmente los ingresos que obtienen empresas del exterior por la transferencia de las participaciones o acciones que poseen en empresas establecidas en el país.

Este mecanismo de transferencia ha venido siendo utilizado para eludir el pago del impuesto en el país, pues estando gravada la transferencia directa de las acciones y participaciones de empresas establecidas en el Perú, se opta por realizarlo de manera indirecta a través de la transferencia de las acciones y participaciones de las empresas del exterior titulares de las acciones y participaciones de la empresa establecida en el país. Surge entonces la disyuntiva si es que estando ubicada la fuente generadora de la riqueza en el país, ésta se encuentre gravada con el impuesto, aún cuando la ganancia se obtenga a través de mecanismo de enajenación indirecta.

Más aún, para estos propósitos, debe advertirse que se ha vuelto una práctica usual que las empresas del exterior se constituyan sólo como tenedoras de dichas acciones o participaciones o “holdings”, cuyo valor está dado básicamente por el valor de la empresa establecida en el país.

Si bien el objeto del proyecto de ley aparece como razonable, surgen algunos temas y restricciones técnicas que no pueden soslayarse, a saber las siguientes:

- No existen tributos extraterritoriales, es decir, el poder de imperio del Estado para crear e imponer tributos se debe circunscribir al ámbito de su territorio y no fuera de éste.

- Se está creando un nexo de imposición que no responde ni al lugar de ubicación de la fuente o al lugar de la utilización económica o ubicación del capital, bien o derecho, ni al domicilio de las partes generadoras del ingreso, por lo que se está forzando el concepto de renta de fuente peruana. Corresponde entonces que al menos la Exposición de Motivos del proyecto de ley precise el nexo correspondiente, aún cuando no corresponda a los determinados por la técnica impositiva, esto es, se trate de un nuevo concepto para este caso (realidad económica, lugar de generación de la riqueza, etc.).

- No se ha establecido la deducción del costo computable o capital invertido por parte de la empresa establecida en el exterior, de tal manera que el impuesto recaerá sobre el total del valor de la transferencia.

- No se ha previsto en el proyecto de ley el supuesto que la empresa del exterior tenga otras inversiones en otros países además el Perú, de tal manera que el valor de sus acciones o participaciones materia de transferencia resida también en inversiones en otros territorios ajenos al peruano.

Debe tenerse en cuenta asimismo que la legitimación de una norma no sólo estriba en la competencia del ente que la dicta y en su propósito, sino además en su viabilidad. En efecto, en el caso del proyecto de ley resultará muy difícil para la Administración Tributaria conocer la existencia de la referida transferencia por corresponder a una operación internacional que no requiere ser registrada en el país, situación que prácticamente no variará aún cuando se establezca la obligación de informar su ocurrencia.

Finalmente, es necesario indicar que las observaciones planteadas deben ser resueltas en la propia ley y no derivadas a una norma de inferior categoría, debiendo considerarse que éstas se encuentran referidas a la determinación de la propia obligación tributaria.

Queda entonces abierta la discusión sobre el proyecto de ley en cuestión, la cual requiere de mayor publicidad a efectos que todos los interesados formulen sus aportes y comentarios al mismo.

Si tiene una consulta sobre el tema, con gusto el Dr. Jaime Bisbal podra atenderlo en la siguiente direccion de contacto:

Jaime Bisbal Vivanco
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El Régimen Único Simplificado - RUS ha caducado, hay reformar el sistema tributario para los micro y pequeños contribuyentes

2010-08-03T10:17:00.001-05:00

Un caso que resulta emblemático de lo que un sistema tributario totalmente imperfecto es, sin duda, el régimen tributario aplicable a los micro, pequeños y, algunos, medianos contribuyentes. En efecto, el Régimen Único Simplificado o RUS, establecido primigeniamente por el D.Leg. 777, el que con posteriores modificaciones diera lugar al TUO aprobado por el D.S. 57-99-EF, para ser derogado y regulado en la actualidad por el D.Leg. 937 – Texto del Nuevo Régimen único Simplificado, ha demostrado en exceso su carácter inaplicable.

Así el esquema del RUS buscó, con buena intención, pero técnicamente mal formulado, crear un monotributo, con un sistema simplificado que reemplazase la aplicación del Impuesto a la Renta, IGV e IPM para las micros y pequeñas empresas, luego ampliado a las actividades de oficios.

Sin embargo, este régimen incurrió en un error crucial desde su origen: creó un circuito tributario, y a la vez económico, excluyente y paralelo del circuito tributario general aplicable a los demás contribuyentes, limitando que los sujetos del RUS puedan emitir facturas u otros comprobantes de pago equivalentes, de tal manera que las adquisiciones de bienes y servicios no tuviesen efectos tributarios para sus clientes, lo cual trató de enmendarse parcialmente en la Ley del Impuesto a la Renta sin éxito.

Como si esto no fuese suficiente, la norma se fue poblando en el tiempo de una serie de requisitos y condiciones, principalmente administrativos, que dieron lugar a una difícil aplicación y comprensión.

Finalmente, la incapacidad o indiferencia de la Administración Tributaria para fiscalizarlos ha generado que éstos opten por convertirse mayoritariamente en omisos tributarios, aún incluso cuando éstos se encuentran inscritos en el RUC.

Esto ha dado lugar a que el RUS devenga en un régimen tributario caduco y con poco sentido para su permanencia. Ello se refleja en su recaudación, pues si bien entre los años 2005 a 2008 vio incrementado el número de contribuyentes registrados ante la SUNAT acogidos al RUS (332 790, 379 586, 447 3295 y 509 106, respectivamente), la recaudación siguió siendo exigua (73, 80, 82 y 83 millones de Nuevos Soles, respectivamente).

La omisión de fiscalizar ha sido sustentada en que el costo de su ejecución es igual o superior a los beneficios que pudiera obtener, premisa que no es exacta debido a que mientras no se efectúe no se podrá determinar ello. Dicho criterio propugna además, en forma soslayada, a que se prosiga y expanda la evasión tributaria, consecuencia de no generar riesgo en el mencionado sector económico, actividad fiscalizadora que si bien constituye una facultad de acuerdo con el Código Tributario, ello no la autoriza a abandonar la referida función para la cual fue básicamente creada, y menos para formalizar con ello, de facto, la evasión.

Es necesario proponer un nuevo esquema que, sin abandonar el criterio del monotributo y su carácter simplificado, tenga como propósito que los micros y pequeños contribuyentes cumplan con el pago de sus impuestos e insistir en algunas propuestas interesantes que se formularon en su oportunidad y no prosperaron

Por ello, consideramos necesario retomar el tema e insistir en la propuesta de un nuevo monotributo con las siguientes consideraciones técnicas:

- El tributo debe ser establecido mediante la imposición de una tasa reducida.

- Se debe permitir un sistema de deducciones simplificado, esto es que se deduzcan como gastos sólo determinados conceptos, tales como adquisiciones de bienes de capital, tecnología y gastos de remuneraciones de trabajadores en planilla, de manera que por esta vía se impulse la formalización laboral en el país.

- Simplicidad en las condiciones y requisitos para la determinación del tributo y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales.

- Permitir que los micros y pequeños contribuyentes interactúen con los demás contribuyentes del sistema tributario general, sin limitaciones tributarias a las transacciones comerciales entre éstos.

- Establecer mecanismos de información sobre los programas de fiscalización a este sector y sus proyecciones de recaudación, las que luego deberán ser contrastadas con los resultados anuales de su recaudación.

Pensemos finalmente en que la caja fiscal no debe ser abastecida casi en forma exclusiva por los principales contribuyentes, fuente que termina por agotarse ante el incremento del gasto fiscal y la imposibilidad económica de éstos de aportar mayores ingresos tributarios.

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Nuevas Cobranzas de SUNAT

2009-09-09T16:08:00.000-05:00

La SUNAT en los últimos días ha manifestado que va a iniciar una campaña intensiva de cobranzas coactivas contra los deudores que tienen deudas inpagas. Así mismo ha señalado que establecera otros mecanismos como el concursal contra estos deudores que se encuentran registrados.

En principio nos parece bien que utilicen todos los metods de cobranzas contfra aquellos deudores que no han cumplido su obligación, pero cabe preguntarse que va a hacer la SUNAT contra aquellos contribuyentes que teniendo capacidad de pago de tributos no estna registrados ante la administración tributaria y por ende no viene cumpliendo el pago de tributo alguno; más aun cuando se sabe que en el Perú existe en el campo empresarial una informalidad del orden del 60% yla evasión del IGV es cercana al 40%.